_
_
_
_

El Gobierno pacta con los accionistas que Cortina sea presidente de Repsol

Jesús Mota

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

El Gobierno ha alcanzado un pacto con los principales accionistas del grupo Repsol -BBV, La Caixa y Petróleos Mexicanos- para abordar el cambio en la presidencia, que pasaría a ocupar Alfonso Cortina en lugar de Oscar Fanjul. Este consenso, no obstante, ha estado y está teñido por el enfrentamiento entre Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía, y Josep Piqué, ministro de Industria, que tienen distintos puntos de vista sobre el control y nombramientos en las empresas públicas.

Rato quiere cambiar a todos los presidentes; Piqué sostiene que cada caso es distinto. Esta es la fisura más notable en el seno del equipo económico del Gobierno, que puede amenazar con ruptura.Como suele ser preceptivo, el vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, pretende imponer su tesis en el ámbito de las empresas públicas, que se resume así: "Todos los presidentes de empresas públicas nombrados por el Gobierno anterior deben ser destituidos". Versiones no confirmadas aseguran que la tesis de la "sustitución total" aparece plasmada en la carta del nuevo subsecretario de Economía a Francisco Luzón en la que ratificaba la destitución de éste último en razón de la política de cambiar a todos los presidentes de grupos públicas.

Jorsep Piqué, ministro de Industria (y privatizaciones) no comparte posiciones tan drásticas. Desde un primer momento aireó sus preferencias por sustituciones limitadas, en función de las capacidades o adecuación de los gestores actuales. Con inusitada rapidez, el enfrentamiento brota en dos puntos del entramado empresarial público: en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). En la SEPI, sociedad tenedora de las acciones de Téneo y Repsol, el conflicto se centra en el nombramiento de presidente. Luis Gámir es el candidato, pero no está bien visto por Josep Piqué.

El caso Repsol es más espinoso. A la "diferente visión" de Rato, partidario de sustituir a Óscar Fanjul, el presidente actual, por Alfonso Cortina tropezó inicialmente con la pretensión de Josep Piqué de confirmar a Fanjul, se une la presencia de dos accionistas nacionales poderosos, el BBV (con el 7%) y la Caixa (5%).

Así que la sustitución de Oscar Fanjul por Alfonso Cortina, pactada, ha requerido negociaciones con los accionistas afectados (BBV, la Caixa y Pemex), quienes, en algún caso, tenía candidato propio. La Caixa, por ejemplo, propuso como sustituto de Fanjul a Josep Manuel Basáñez, consejero director general de Autopistas de Cataluña (ACESA). Cortina presidirá Repsol aunque en un cuadro de equilibrios y compromisos con la caja catalana. El pacto, según fuentes de los accionistas, supondrá que aumenten su número de representantes en el consejo, hasta ahora limitado a uno y ninguno en el caso de La Caixa. Teniendo en cuenta que Cortina es consejero del BBV se podría considerar como representante de dicho banco en la petrolera y que La Caixa y Pemex tengan dos consejeros. La Caixa podría, además, tener mayor control en la cúpula de Gas Natural, en cuyo capital participa con Repsol.

Inversores inquietos

Los cambios en las presidencias de Repsol y Argentaria ejecutados por el Gobierno suscitan una fuerte polémica. "Es una señal malísima para el mercado", explicaron a EL PAÍS fuentes de una conocida firma de valores. "Que cambien al presidente de la SEPI es lógico, porque tiene que seguir la política que marque el Gobierno; pero cambiar los presidentes de empresas que tienen una base accionarial fuerte, cuando el Estado dice que va a privatizarlas, carece de sentido. Sociedades como Repsol o Argentaria necesitan gestores independientes de los intereses de sus núcleos duros".Merrill Lynch, firma que ha trabajado con cierta frecuencia para Repsol, elaboró un informe -destinado exclusivamente a sus clientes- para analizar el cambio de presidencia en el grupo. El diagnóstico de Merrill es duro. "La preocupación de los inversores se centra en la naturaleza política del potencial cambio de gestión y en la capacidad del Gobierno para decretar tal cambio cuando controla solamente el 10% de la compañía".

Merrill asegura que el hecho de que Alfonso Cortina pertenezca al Consejo del BBV "crea una incertidumbre adicional puesto que aumenta la preocupación en torno a un potencial conflicto de intereses".

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_