Servicios secretos
LA REORGANIZACIÓN del Centro Superior de Investigación de la Defensa (Cesid) se ha convertido en un objetivo insoslayable para el Gobierno tras el episodio de Perote, el caso de las escuchas o las sospechas de su presunta implicación en las tramas de los GAL. Lo es para este Gobierno y lo hubiera sido para cualquier otro. El anterior, a raíz del estallido del escándalo de las escuchas, en junio de 1995, ya se comprometió ante el Parlamento a abordar una reforma que venía siendo exigida por toda la oposición.Al menos en este punto, el Gobierno tiene el campo despejado. Por una parte, porque hay un amplio consenso sobre la necesidad de la reforma. Por otra, porque el Gobierno parece contar con un proyecto claro, a juzgar por el compromiso adelantado por el vicepresidente Álvarez Cascos en el acto de toma de posesión de su nuevo director, el teniente general Javier Calderón, un veterano de los servicios secretos españoles incluso antes de su reconversión en la etapa democrática.
En todo caso, Álvarez Cascos se ha adelantado a esa anunciada reforma haciendo algo que su partido no había dejado de criticar al ex vicepresidente Narcís Serra en la etapa socialista: asumir de hecho desde vicepresidencia la tarea de control de los diferentes servicios de información del Estado. La nueva regulación deberá resolver la cuestión siempre pendiente de la existencia de un organismo de Coordinación entre el Cesid y los aparatos de información de la Guardia Civil y de la policía. La ausencia de tal organismo -que deberá radicar en el ámbito político del Gobierno- se ha hecho sentir en particular en el terreno de la lucha antiterrorista: en su eficacia, por una parte, y en su tendencia a ser motivo de escándalo, por otra. Esa paradoja de unos servicios secretos convertidos en un bullicioso escaparate tiene que ver en parte con el carácter artesanal, voluntarista y personalista de su coordinación.
Pero superar esos problemas presupone un marco legal claro de actuación y unos razonables mecanismos de control de su actividad por parte del Parlamento. En el caso del Cesid, al menos, el marco legal se ha limitado a algunas sucintas disposiciones ministeriales, de rango no superior al de decreto-ley, definiendo su estructura y funciones. De ahí que el anuncio de Alvarez Cascos sobre la regulación por ley del Cesid haya sido calificado de "esperanzador" por su nuevo director, al tiempo que recordaba que se trata, en realidad, "de un deseo histórico del centro". Resulta que la ambigüedad legal que ha caracterizado hasta ahora la actividad del Cesid es imputable al poder político. Pues razón de más para que el actual Gobierno acabe con ella y sitúe: al fin al Cesid en unas coordenadas de legalidad bien definidas, apropiadas a sus tareas de seguridad y defensa del Estado y ajustadas a los límites constitucionales.
El consenso político para llevar a cabo esa tarea, especialmente entre el PP y el PSOE, parece estar fuera de duda. Felipe González ya reconoció, hace ahora un año, graves deficiencias internas en el Cesid, especialmente las derivadas de su estructura piramidal y estanqueidad entre sus distintos departamentos. Y estuvo de acuerdo en la necesidad de aprobar un nuevo estatuto de personal y de aumentar el control del Parlamento sobre los planes y tareas del servicio de información. El partido de Aznar fue incluso más lejos en las propuestas de control político y legal de la actividad de los servicios secretos cuando era oposición. Ahora que es Gobierno tendrá ocasión de plasmarlas en la realidad. España no puede seguir por más tiempo con unos servicios secretos bajo mínimos, escasamente coordinados entre sí y cuya tendencia al strip-tease hace que sean vistos con creciente desconfianza por sus homólogos de los países vecinos, a los que pedimos su colaboración en, por ejemplo, la lucha antiterrorista.
