El presunto etarra Enrique Pagoaga tendrá permiso para residir en Bélgica

El Gobierno belga tiene intención de negar la concesión de asilo político al presunto etarra Enrique Pagoaga Gallastegui, Peixotín, pero sí permitirá que obtenga residencia legal en su territorio. Así lo hizo saber ayer el Ministerio del Interior belga a la Administración española.Esta postura es un regalo envenenado. Por una parte, logra dar la sensación de que Bélgica colabora con las autoridades españolas al negar el asilo político al activista vasco y evita que se reproduzca una crisis como la desatada por el caso de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno y Raquel García.

Pero al mismo tiempo es una afrenta a España ya que, en lugar de expulsar a Peixotín, abre la vía para que obtenga documentación de residencia legal en Bélgica y, en consecuencia, en todo el llamado "espacio Schengen", lo que le permitiría entrar en España legalmente. De confirmarse esta opción, consagraría a Bélgica como el lugar al que han de acudir todos los ciudadanos españoles que se encuentran fuera del país sin documentación legal y prefieren eludir las misiones consulares de España en el extranjero.

Enrique Pagoaga llegó el domingo pasado a Bruselas con documentación falsa -a pesar de que un portavoz del Ministerio del Interior belga llegó a decir que estaba legalmente documentado- procedente de Venezuela vía Francfórt (Alemania) y pidió asilo político asegurando que no puede entrar en España porque corre peligro su vida.

Tres opciones

El Gobierno belga tiene tres opciones: darle asilo, expulsarle del país por no tener la documentación en regla o aplicarle la directiva sobre Libre Circulación de Trabajadores en territorio comunitario. Esta última le permite obtener un permiso de residencia de seis meses que se convierte en indefinido si obtiene un contrato de trabajo. La tercera opción es, con toda probabilidad, la elegida por el Gobierno belga, que se apoya en que al no estar reclamado por la justicia española, Peixotín tiene derecho a residir y trabajar en el país.

Todo indica que es una estratagema legal urdida por los asesores legales del entorno etarra en Bélgica, que hasta ahora han demostrado una soberbia capacidad, pero que estaría llamada a fracasar si no contara también con el apoyo político de los ministros belgas de Justicia y de Interior, los dos flamencos y muy presionados por la opinión pública de esa minoría lingüística, claramente decantada en favor del activismo vasco.

El Gobierno belga tiene capacidad legal para negar a Peixotin la aplicación de la citada directiva comunitaria. Bastaría para ello que considerara que su presencia en Bélgica puede poner en peligro el orden público. Una opción que seguramente no dudarían en utilizar Gobiernos europeos más afectados que el de Bruselas por los problemas de terrorismo.