Los chabolistas de la Mica vuelven a acampar en la plaza de la Villa

De la calle a la pensión y de la pensión a la calle. Diecisiete de las 31 familias a quienes el Ayuntamiento de Madrid derribó sus chabolas del Cerro Mica (Latina) hace dos semanas volvieron a acampar ayer en la Plaza de la Villa por considerar que no se les ofrecen soluciones. Ya durmieron en esta plaza seis días hasta que el pasado 14 de mayo el consistorio les ofreció pensiones por una semana mientras los servicios sociales municipales estudiaban sus casos.Pero la única solución que les propone el Ayuntamiento es pagarles la fianza en un piso de alquiler que deben buscar ellos en el mercado libre. Y aseguran no poder abonar las 60.000 o 70.000 pesetas al mes que cuesta la renta de una vivienda modesta.

"Entre nosotros sólo hay dos personas con nómina, un guarda jurado y otro chico que trabaja en un taller; el resto tenemos trabajos temporales en quioscos de helados y chucherías y en la venta ambulante. En los meses buenos algunos podríamos pagar la renta, pero ¿luego?", afirman.

Sus miras están puestas en las viviendas baratas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), del Gobierno regional. Deseo que comparten con muchas otras familias obreras de la ciudad. Sólo que a ellos el consistorio les ha derribado, con autorización judicial, el único alojamiento que tenían por no estar incluído en el censo de chamizos que da derecho a realojamientos.

Pisos del Ivima

Todos han presentado su documentación en el Ivima para participar en el sorteo de medio millar de pisos sociales entre personas de bajos ingresos que se celebrará en junio. En todas estas promociones existe un 5% de viviendas que no van a sorteo y se adjudican a familias en situación de urgente necesidad a partir de los informes de los servicios sociales municipales. Y quieren que el Ayuntamiento interceda por ellos para optar a esos pisos.Pero los responsables del área de Servicios Sociales creen, por ahora, que sólo tres familias están en esa situación extrema aunque reconocen que todos cumplen los requisitos para optar a un piso social.

La concejala de Servicios Sociales, Elena Utrilla, explica: "Les hemos ofrecido todas las soluciones que están en nuestra mano, pero el Ayuntamiento no puede proporcionar viviendas" "Ellos sabían desde hace dos años que iban a ser desalojados -de hecho, presentaron un recurso y la Audiencia Provincial dictó en su contra-, no les ha cogido de improviso", añade. "No podemos dar vivienda a todo el que lo pide porque hay otra mucha gente agobiada por hipotecas", matiza Utrilla.

En el Cerro de la Mica fueron desalojadas 31 familias pero sólo 17 han protestado. Del resto no se sabe nada. Quedan otra treintena de chamizos ilegales y 217 legales, es decir, incluídas en el censo de favelas. Todas estas casetas deben desaparecer para trazar el parque de la Cuña Verde.