Un remedio peor que la enfermedad
El Anuario de Historia del Derecho Español de 1995 se abre con un artículo de Francisco Tomás y Valiente, Génesis de la Constitución de 1812. De muchas Leyes Fundamentales a una sola Constitución, en el que se pregunta a qué sujetos se referían esos términos en ese período: "¿A España entendida como un todo, o a alguna de las partes dotadas de personalidad política, leyes fundamentales y constitución histórica propia? ¿Qué se pensaba en el último tercio del XVIII acerca de la integración constitucional de las partes en el todo?"Tomás y Valiente recorre el itinerario de la respuesta del constituyente gaditano, poniendo de manifiesto el carácter un tanto precipitado de la primera decisión constituyente de nuestra historia. La respuesta de Cádiz no fue tanto el resultado de un proceso histórico que había ido madurando política, social e intelectualmente, sino que fue más bien producto de la coyuntura bélica que posibilitó una decisión que no aparecía configurada de, forma clara en nuestra historia inmediata.
De ahí que los problemas que dichos interrogantes traducían quedaran cerrados en falso y que cointinuaran estando presentes en nuestra vida política. Bajo forma de conflictos armados o de enfrentamientos políticos, pero sin dejar de condicionar el proceso de construcción del Estado constitucional.
Hasta la última transición democrática, no hemos sido capaces de empezar a enfrentarnos con esos problemas "originarios" de nuestra Constitución política de una manera estable y no autoritaria y de diseñar soluciones constitucionales de tipo práctico. Esto es lo nuevo de la experiencia iniciada en 1976 con el primer Gobierno presidido por Adolfo Suárez. Y aunque 20 años son. pocos en la vida de un país tan viejo como España, desde el punto de vista de la integración no impuesta de las partes en el todo, son bastantes. Es algo que no se debe olvidar.
Creo que esta perspectiva es importante retenerla siempre, pero en especial después de atentados terroristas como el de esta semana. No tenemos más experiencia civilizada de respuesta a este problema de nuestra constitución "histórica" que la que estamos protagonizando desde hace 20 años. Y la tenemos porque es la primera vez que de manera estable y continuada, sin quiebras ni suspensiones del ordenamiento constitucional, la sociedad española en su conjunto es la que ha definido la voluntad del Estado.
Esto es lo que hemos hecho colectivamente en estos dos últimos decenios. Y de manera ininterrumpida. Y en medio de una presión terrorista extraordinaria. A pesar del terrorismo, no ha habido quiebra del Estado democrático. A ello se debe que estén abiertos los procesos judiciales de todos conocidos. Por eso no puedo compartir la sugerencia de Arzallus, a la que ayer se refería Patxo Unzueta, de que "desde el Parlamento se reconozcan lo fallos antidemocráticos habidos". El reconocimiento parlamentario con 13 años de retraso y cuando la inmensa mayoría de la Cámara prefirió mirar para otro lado cuando los hechos ahora investigados ocurrieron, que es cuando debió ejercerse el control político correspondiente, además de no poder afectar en lo más mínimo a la investigación judicial en curso, probablemente serviría para generar todavía más confusión en este terreno y para acentuar aún más el proceso de desligitimación del Estado que se ha puesto en marcha con apoyos notables y heterogéneos.
Hay que llegar hasta el final en los procesos judiciales abiertos. Respetando la Constitución, que ya veremos si se ha respetado o no. La participación parlamentaria sería un remedio pero que la enfermedad.
