La juez de los fondos reservados imputa a Francisco Álvarez

La juez Ana María Pérez Marugán, que investiga el supuesto uso irregular de fondos reservados del Ministerio del Interior en la etapa socialista, tomó ayer declaración como imputado al ex jefe del Mando único de la Lucha Contraterrotista Francisco Álvarez, quien reconoció que cobró sobresueldos. La condición de imputados en este procedimiento la tenían sólo hasta ahora el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el ex director general para la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal.Francisco Álvarez fue citado como testigo, pero al comienzo de su comparecencia la juez acordó que declarara como imputado, ya que así lo hizo sobre estos hechos ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que le procesó en el caso GAL, de tal forma que durante la diligencia de ayer estuvo asistido por su abogado, Manuel Murillo.

Fuentes jurídicas señalaron que Álvarez reconoció ante la magistrada que entre febrero de 1984 y octubre de 1986 cobró 100.000 pesetas al mes fuera de su nómina, como compensación por el cambio de residencia desde Bilbao a Madrid, donde trabajaba en aquella época como director del Gabinete de Información de la Seguridad del Estado. Álvarez ya reconoció. a Garzón que recibía un sobresueldo de 175.000 pesetas mensuales que le pagaba la Secretaría de Estado para la Seguridad, según explicó el año pasado su propio abogado.

La juez, por otra parte, ha desestimado la petición de Rafael Vera de incorporar a esta causa un borrador de la Fiscalía General del Estado sobre el uso de los fondos reservados. La magistrada fundamenta que "la prueba solicitada es innecesaria" y recuerda que estas actuaciones "se siguen para esclarecer un presunto delito de malversación de caudales públicos en sus diferentes modalidades". En su opinión, "del borrador en cuestión no podrá derivarse cuál es la naturaleza del hecho que se investiga, pues si, conforme alega Vera, podía haber incurrido en error sobre la ilicitud de su acción, tal error existirá o no con independencia del contenido del documento".

Todo ello, apostilla, "máxime si se tiene en cuenta que [Vera] supuestamente realizó los hechos que se le imputan entre los años 1982 y 1993, cuando el borrador, según se sostiene, está fechado el 14 de marzo de 1994".