Cargos a Conde

CADA PASO dado en el proceso abierto a Mario Conde y a su anterior equipo en Banesto ha constituido un difícil triunfo de la justicia: tantas han sido las maniobras puestas en marcha para que no prosperara el caso, para desviarlo a vías judiciales consideradas más favorables para los encausados o para hacerlo descarrilar con diversos pretextos. Pero año y medio después de que el juez Manuel García-Castellón abriera las primeras diligencias a raíz de la querella presentada por el ministerio fiscal, el proceso se sitúa en un punto de no retomo, encarrilado hacia el juicio oral.El auto de conclusión del sumario, dictado hace un mes y medio por el juez García-Castellón, ya puso de manifiesto que los hechos imputados a Conde no eran un invento ni fruto de una persecución política, como insistentemente han venido propalando sus valedores en los medios. Tampoco se trataba sólo de una gestión aventurera o poco ortodoxa, como pretendieron, en su cautelosa retirada, esos mismos escuderos. Las minuciosas investigaciones del juez instructor, materializadas en 17 meses de trabajo, 213 tomos de diligencias y casi 85.000 folios de sumario, han reforzado las sospechas e indicios de una utilización de la presidencia de Banesto en beneficio de sus intereses particulares, a costa del patrimonio de la entidad. Concretamente, a Conde y a su equipo se les acusa de delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas. Todo ello en torno a ocho grandes operaciones por un mono de miles de millones de pesetas.

Con la presentación de los escritos de las 17 partes acusadoras personadas en el proceso, esos hechos y esas imputaciones tienen ya una concreta tipificación jurídica de acuerdo con lo previsto en el Código Penal. También se han cuantificado las penas correspondientes. Los acusados dispondrán de 40 días para articular su defensa mediante el correspondiente escrito de: calificación de los hechos. Pero antes el juez tendrá que dictar el auto de apertura del juicio oral, señalar quiénes se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados y fijar la cuantía de las indemnizaciones que procedan, en concepto de responsabilidad civil. Será el momento en que el instructor envíe el sumario a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y comience la cuenta atrás para el señalamiento del juicio oral.

El abultado número de acusaciones personadas en el proceso, además del ministerio público, es correlativo al de grupos de personas o entidades que se consideran perjudicados por la gestión de Mario Conde y su equipo. Las calificaciones jurídicas y las penas solicitadas difieren entre sí, pero todas ellas son contundentes. Son también cuantiosas las indemnizaciones solicitadas a pesar de sus diferencias: desde los 12.000 millones de pesetas que pide el fiscal a los 192.000 millones que reclama el Fondo de Garantía de Depósitos para resarcirse de su aportación al saneamiento de Banesto.

En cuanto a las penas, el ministerio fiscal solicita para el ex presidente de Banesto y otros siete antiguos directivos un total de 150 años (44 años para Conde). Esta petición aumentaría si, como solicita en su escrito, se incorporan al sumario los documentos sobre la trama suiza, pendientes de entrega a raíz de la comisión rogatoria llevada cabo en febrero por el juez García-Castellón. A la espera del juicio, este nuevo e importante paso en la tramitación del caso Conde representa un éxito de la justicia contra quienes intentaron entorpecerla y, a través de ella, de la enorme masa de perjudicados (pequeños accionistas, empleados, contribuyentes ... ) que ven acercarse el momento de un posible resarcimiento. Y si los indicios no son lo que parecen, Mario Conde y los suyos tendrán también la ocasión de explicarse y defenderse en un juicio público y con todas las garantías.