Prisioneros de ETA

SE COMPRENDEN las dudas del Gobierno sobre la posibilidad de modificar la política penitenciaria en relación a los presos de ETA. Hace años que los partidos nacionalistas y los grupos pacifistas vienen planteando que la política de dispersión seguida desde hace siete años "está agotada" y proponiendo el traslado a prisiones próximas al País Vasco del medio millar de activistas encarcelados. A finales de diciembre, el Parlamento vasco avaló mayoritariamente esa propuesta. Pero el propio Xabier Arzalluz declaró, tras el secuestro de Ortega Lara, producido pocos días después, que mientras ETA retenga a ese funcionario debería "paralizarse cualquier iniciativa respecto a los presos".Sus presos constituyen desde siempre el principal factor de cohesión interna y bandera de movilización del mundo de ETA: la patria doliente cuyo sufrimiento es utilizado como prueba de que la intensidad de la opresión justifica el recurso a medios violentos. Para alimentar esa alucinación, los estrategas del asunto necesitan que los presos mismios actúen como una vanguardia sin fisuras. Pero eso es difícil sin un control permanente de la propia organización, y de ahí que todos los grupos terroristas del mundo hayan intentado siempre que sus presos estén concentrados en pocas cárceles: para mantener la dependencia del recluso respecto al grupo e impedir que recobre su individualidad, piense por su cuenta, se declare insumiso. Y para mantenerlo aislado de la realidad: una circular de la coordinadora KAS difundida hace algunos años pedía a los presos que rompieran con los familiares que "critican la lucha armada".

A fin de neutralizar ese control de ETA y la presión de su entorno, se puso en marcha en 1989 la política de dispersión. Fruto de ella fue que en un año más de cuarenta presos se acogieron a procesos de reinserción y salieron con indultos o libertades condicionales. El mundo radical reaccionó exigiendo el reagrupamiento de los presos por considerar que la dispersión atentaba contra sus derechos humanos. Es un planteamiento falaz. Los presos tienen derecho a que no se agrave su pena con otros padecimientos, no a estar reagrupados; que lo estén o no dependerá de factores diversos, uno de los cuales, especialmente respetuoso con sus derechos en tanto que individuos y ciudadanos, podrá ser el de intentar contrarrestar el efecto intimidatorio pretendido por los jefes de ETA mediante la concentración.

Acabar con la dispersión podrá ser, por tanto, una aspiración, pero no un derecho, como sostiene HB en todos sus comunicados y como parece pensar; también el obispo Setién: en un escrito difundido ayer, argumenta que "es inhumano y por ello injusto pretender forzar la eliminación de una injusticia por la realización y mantenimiento de otra". De donde se deduce que la injusticia de base es la dispersión, y el secuestro de Ortega Lara, un método inhumano e injusto de combatirla.

Pero, al margen de ello, parece ser cierto que la política de dispersión ha dejado de ser eficaz para favorecer la reinserción individualizada, mientras que esa dispersión por 62 cárceles -algunas muy alejadas del País Vasco-, constituye un factor adicional de incomodidad para los familiares. Según el consejero vasco Atutxa, que no suele hablar a humo de pajas, la distancia favorece las intenciones de los comisarios políticos de controlar, mediante viajes colectivos que ellos mismos organizan, las relaciones de los presos con sus familias. De ahí la propuesta del propio Atutxa, de trasladar a los presos, o a la mayoría de ellos, a prisiones próximas a Euskadi, en un radio no superior a 300 kilómetros, que favorezca la emancipación de los familiares respecto a las Gestoras y demás instrumentos de control.

Frente a esa posibilidad, HB sostiene ahora que sustituir dispersión por acercamiento "es lo mismo" y que el objetivo de la propuesta es "neutralizar la amplia movilización social" y "dividir" a los, presos. Un escrito procedente de ese mundo que se publicó. en abril de 1992, en el curso de otra campaña similar a la de ahora, alertaba textualmente contra el peligro de que "el Gobierno acepte nuestras reivindicaciones". Más surrealista aún fue aquella declaración de un abogado abertzale que reclamaba "el derecho de los presos, a cumplir su pena". En esas condiciones, calificar la dispersión de "estrategia de exterminio", como también hacía el sábado un colectivo de ex presos, es un sarcasmo. Por ello, si la posibilidad apuntada por Atutxa merece ser considerada seriamente por el Ministerio del Interior, debe quedar claro que se trataría de una medida adoptada por razones humanitarias, en consideración a las familias de los presos, y no de una obligación emanada de un derecho como pretenden los virtuosos de la equidistancia.