El conductor del autobús de Torreblanca dice que no recuerda nada del accidente que causó 46 muertes

El conductor Rafael Casado, único acusado por el siniestro del autobús ocurrido en Torreblanca el 19 de agosto de 1992, aseguró ayer en la primera sesión de la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Castellón, que no recuerda "absolutamente nada" acerca del accidente. El acusado, para el que el fical solicita dos años de prisión y tres de suspensión del permiso de conducir por imprudencia temeraria, reiteró que la salida de la A-7 de Torreblanca (Castellón), donde murieron 46 personas, no estaba prevista en el trayecto. La defensa pide la libre absolución y argumentó que el accidente fue "fortuito" y que se debió a una subida de azúcar que "le sobrevino repentinamente" al conductor.

La sala quedó pequeña para los numerosos familiares de las víctimas que se desplazaron hasta Castellón para "hacer justicia". Algunas de las acusaciones particulares consideran responsable directo al propietario del autobús, Emiliano Pascual. Sin embargo, no han conseguido sentarle en el banquillo, a pesar de que el autocar de la empresa Bus Exprés circulaba con matrícula falsa y realizaba clandestinamente el trayecto entre Cataluña y Andalucía, sin haber pasado la revisión de la ITV. Antes del accidente, el vehículo fue sancionado en diversas ocasiones por la Guardia Civil a causa de diversas irregularidades.El conductor respondió ayer a las preguntas formuladas por las 19 partes personadas en el juicio, que solicitan para el procesado penas que oscilan entre 6 meses y 12 años de cárcel por un presunto delito de, imprudencia temeraria y otro contra la seguridad en el tráfico. Casado aseguró que trabajaba para Emiliano Pascual y "no para Bus Exprés" a pesar de que el distintivo del autobús que aquel día condujo era el de esta empresa. No obstante, el conductor no quiso implicar al empresario, para quien trabajaba desde el 3 de agosto de 1992 sin contrato laboral y sin alta en la Seguridad Social.

Emiliano Pascual es también socio al 50% de Bus Exprés y accionista de la empresa Agrupacar. La esposa de Pascual, Carmen Carrillo, administradora de Bus Exprés, aseguró que los billetes eran vendidos por Agrupacar y que era esta empresa la que fijaba los precios. Sin embargo, Manuel Pérez Valero, que según algunas versiones era el administrador de Agrupacar, negó que esta empresa hubiera tenido actividad, puesto que no llegó a constituirse. No obstante, la documentación para formalizar la creación de Agrupacar ya se encontraba en manos de un notario.

Según el tacógrafo, en el momento del siniestro, el autobús circulaba a 102 kilómetros por hora pese a la existencia de señales que obligaban a reducir la velocidad a 80, 60 y 40 kilómetros

Ojalá pudiera explicarlo!"

Casado asegura que no se encontró mal en ningún momento del viaje, "puesto que si así hubiera sido, habría recurrido al chófer suplente, que estaba descansando para relevarme en Valencia". En esa ciudad el autobús debía recoger a dos viajeros más. El vehículo disponía de 57 asientos y hasta el momento del siniestro estaban ocupados 56 de ellos. Si se hubiera llegado a efectuar la parada en Valencia, el número de viajeros habría sobrepasado la capacidad del autobús. El conductor asegura que no había ninguna parada prevista en Torreblanca y que no recuerda ni siquiera haber tomado esta salida. "¡Ojalá pudiera explicarlo!", exclamó. Casado sostuvo que siempre cumplía con los descansos establecidos por la ley. Emiliano Pascual ratificó que exigía a los conductores que respetaran esta norma. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil de días anteriores al accidente,' cuando también fue parado el autobús, dice que el chófer que conducía en ese momento llevaba al volante cinco horas y 20 minutos sin descanso.Momentos antes del accidente de Torreblanca la Guardia Civil paró al autobús, y tras comprobar que los documentos no estaban en regla, permitió que éste reanudara el viaje. Por, este motivo, José María Terroba, portavoz de la Asociación de Afectados del Accidente en Andalucía, considera que la responsabilidades podrían ampliarse a la Guardia Civil e incluso a la Dirección General de Tráfico.

La vista oral se reanudará el próximo lunes. Está previsto que declaren a partir de ese momento diez testigos, todos ellos supervivientes del accidente.