La creación de empleo y la mejora de la competencia

Que el problema del empleo ocupe el primer puesto entre las cuestiones que más preocupan al conjunto de la población constituye un claro reflejo de la sensibilidad social que respecto a este fenómeno existe en nuestro país. Un elemento de consenso entre la mayor parte de quienes, desde diferentes posiciones, tenemos responsabilidades en esta materia es la constatación de que cada vez más el crecimiento económico constituye una condición necesaria pero no suficiente para la generación de empleo. Así, en todas las sociedades de nuestro entorno se ha producido una evolución similar: se ha incrementado la capacidad de creación de riqueza y paralelamente los niveles de desempleo crecen, consolidándose un desempleo estructural creciente.Este problema incide de forma especial en países como el nuestro, con reducida tasa de, actividad, para los cuales la necesidad de generar empleo suficiente es tanto o mas imperiosa, no sólo para compensar las pérdidas que se han producido en los últimos años por las transformaciones experimentales en los diferentes sectores productivos, sino también para dar respuesta al crecimiento de la población demandante de empleo.

Por esta razón, probablemente el reto más importante al que tiene que hacer frente la sociedad española en los próximos años es cómo conjugar la mejora de la competencia de las empresas con el objetivo de aumentar el empleo y mejorar sus condiciones. Con la campaña unitaria por el empleo que CC OO y UGT hemos iniciado, queremos que se produzca, en el conjunto de la sociedad y especialmente entre los agentes sociales, una discusión abierta sobre la problemática existente en tomo al empleo y a su escasez, a fin de establecer. objetivos, propuestas concretas y compromisos.

Pensamos que el objetivo prioritario de la política económica debe responder a la creación de empleo, no sólo porque el mantenimiento del proceso inversor requiere un aumento significativo del consumo privado -cuestión relacionada con el poder adquisitivo, de los salarios y la estabilidad laboral-, sino porque, medidas como el fomento de la inversión productiva frente a la especulativa, la reducción de los tipos de interés el la realización de un mayor esfuerzo en inversión pública actúan beneficiosamente sobre el empleo, pero, además, son piezas fundamentales para la consolidación de la recuperación económica.

Otro aspecto que debe debatirse es la revisión del gasto público en relación a los incentivos fiscales a las empresas. Este gasto fiscal, que se sitúa actualmente en tomo a los 700.000 millones de pesetas, debería transformarse en ayudas directas condicionadas a la creación de empleo, seleccionando los objetivos y permitiendo un mejor control y evaluación de los resultados obtenidos.

Un factor determinante, no sólo en la creación de empleo, sino también en su calidad, es la definición del modelo de competencia comercial por el que se apuesta. Potenciar el desarrollo de sectores y empresas basados en la calidad y el valor añadido de los bienes y servicios producidos, en la formación y cualificación de la mano de obra, y no sólo en los bajos costes laborales, es una elección necesaria. Porque en España tan importante como la lucha contra el paro es la mejora de las condiciones del empleo. Los procesos de descentralización y de división del trabajo entre empresas están configurando tejidos productivos muy fragmentados, redes de pequeñas y medianas empresas con relaciones de subcontratación, que a su vez generan condiciones de trabajo también segmentadas y una dualización social creciente: entre empleo fijo e inestable, entre quienes realizan una jornada completa o trabajan a tiempo parcial, o entre quienes por el hecho de ser jóvenes o mujeres están subempleados.

Paralelamente, las reformas introducidas en nuestro ordenamiento laboral en materia de contratación no han resuelto el problema del paro y han deteriorado el empleo. La temporalidad y la rotación son las características dominantes de las nuevas contrataciones, situación que, paradójicamente, ya es reconocida como alarmante por los agentes económicos.

En este sentido, UGT y CC OO creemos necesario realizar modificaciones legislativas para recuperar la estabilidad en el empleo: reducir las modalidades contractuales temporales y hacer cumplir el principio de causalidad de estos contratos, para que los contratos de prácticas y aprendizaje sean realmente formativos, para que el contrato parcial sea una modalidad con todos los derechos y realmente elegida por las mujeres y los hombres que buscan empleo o quieren trabajar menos.

Pero las reformas legislativas no bastan. La negociación colectiva es un instrumento fundamental para aumentar y estabilizar el empleo a partir de un conocimiento más próximo a la realidad de cada sector y empresa y del acuerdo entre los agentes sociales. Para ello es necesario mejorar este instrumento mediante la articulación de los ámbitos de negociación para llegar al conjunto de la población asalariada, a las pequeñas y medianas empresas. Conectar también a empresas centrales y auxiliares, a empresas de trabajo temporal y usuarias. Hay que equilibrar el vínculo de relaciones actualmente existente entre redes de empresas, fuerte en las relaciones productivas y comerciales y muy débil o inexistente en las relaciones laborales.

Un marco de relaciones laborales más participativo y responsable es otro instrumento a desarrollar para alcanzar acuerdos por el empleo. La corresponsabilidad de los trabajadores con las decisiones que afectan al empleo requiere de una participación activa en la organización productiva, en los procesos de cambio tecnológico, de descentralización de actividades, en la distribución del tiempo, de trabajo, en el ámbito de la formación. La moderación salarial mantenida por los sindicatos durante el último año para favorecer la creación de empleo es una buena prueba de esa corresponsabilidad.

El tiempo de trabajo y su distribución son elementos estratégicos de las condiciones de¡ empleo y de su mejor reparto en el conjunto de la sociedad. Es necesario compatibilizar los intereses empresariales con las necesidades. personales de quienes trabajan. Una mayor flexibilidad del tiempo de trabajo debe contemplar ambas necesidades: permitir interrupciones voluntarias de la actividad laboral de las personas a lo largo de su vida para dedicarlas a formación, a la atención de responsabilidades sociales y familiares, adelantar el tiempo, de jubilación. Estas reducciones individuales de tiempo de trabajo deberán suponer en las empresas nuevas contrataciones de sustitución. Paralelamente, se deberá ajustar el marco jurídico para, que quienes quieran trabajar menos horas no sufran una pérdida en la protección social o en las condiciones de trabajo.

Avanzar hacia la jornada laboral de 35 horas semanales, conseguir una reducción significativa de las horas extraordinarias y su retribución mediante tiempo compensado o reducir el tiempo de trabajo para quienes realizan horarios a turnos, trabajo nocturno, son aspectos que requieren un debate y negociación para concretar, su aplicación.

Finalmente, si el protagonismo de los agentes sociales está en la negociación colectiva y en la organización del trabajo, el Estado tiene un papel fundamental que cumplir, tanto en la definición, potenciación y coordinación de las políticas activas de empleo, como para insertarlas en el sistema de protección social, ya que dichas políticas no pueden realizarse a costa de reducir las prestaciones sociales.

Potenciar el desarrollo de empleos y actividades que den respuesta a nuevas necesidades personales y sociales, mejorar la actividad desarrollada por el instituto Nacional de Empleo, especialmente la función de intermediación, son aspectos fundamentales en los que tienen que coparticipar, precisamente por su proximidad a quienes demandan empleo y a la oferta de trabajo, las administraciones públicas y los agentes sociales.

El empleo es uno de los elementos más significativos de cohesión y estructuración de la sociedad. Tener empleo no es sólo un trabajo y un salario, es tener un lugar en la sociedad. Al mismo tiempo, la falta de empleo remite a lo colectivo, el paro juvenil y femenino o el desempleo de larga duración condicionan las posibilidades individuales de encontrar trabajo. Buscar soluciones a la falta de empleo, por tanto, es una tarea social y no sólo una cuestión para expertos de ajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral.