El Parlamento portugués aprueba dividir el país en 9 regiones con los votos comunistas y socialistas

El Gobierno socialista portugués ha cumplido su más polémico y contestado compromiso electoral. Con sus votos y los de los comunistas, el Parlamento aprobó el jueves por la noche los puntos esenciales de la regionalización del país, descentralización administrativa no política que dividirá la zona continental en nueve regiones, además de los Gobiernos autónomos de Madeira y Azores. El Partido Social Demócrata (PSD), irritado porque no se ha atendido su petición de una previa reforma de la Constitución y de un posterior referéndum nacional sobre el polémico plan, amenaza ahora con bloquear el cambio de la Carta Magna, que exige el voto de dos tercios de los diputados de la Asamblea.

Desde el restablecimiento de la democracia en Portugal en 1974, ningún Gobierno, incluidos los socialistas, se ha atrevido a promover la aprobación de este antiguo proyecto de regionalización. El ex presidente de la República Mario Soares, probablemente la figura con mayor peso político del país, ha expresado públicamente sus dudas sobre la división administrativa de un país con 10 millones de habitantes, una sola lengua y sin identidades regionales definidas o bien diferenciadas. Sin embargo, el actual primer ministro, Antonio Guterres, ha decidido llevar adelante su promesa electoral a pesar del alto costo político que la medida puede suponer. El proyecto socialista prevé la creación de nueve regiones administrativas en el área continental del país (Minho, Tras os Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo, Lisboa, Alto y Bajo Alentejo y Algarve) que, lógicamente, deberán necesitar de mínimas infraestructuras cuyo coste ha sido duramente criticado por la oposición.

La oposición, en contra

Los democristianos del Partido Popular se oponen frontalmente a cualquier división del país, y los socialdemócratas, que lidera Marcelo Rebelo de Sousa, habían exigido un referéndum nacional. Los socialistas, en busca de un mínimo consenso, han aceptado convocar referendos regionales con "significación nacional", es decir, que los resultados. regionales serían computados globalmente. Sin embargo, Rebelo de Sousa, un animal político hambriento de protagonismo desde su nueva jefatura amenazó con bloquear la reforma de la Constitución si el Gobierno no aceptaba su exigencia de convocar una consulta nacional.La evidencia de que el proyecto se iba a aprobar provocó el jueves en la Asamblea de la República el abandono de la Cámara de todos los diputados socialdemócratas, siguiendo las instrucciones de su líder, que curiosamente no es parlamentario y siguió los debates desde fuera de la sala. No obstante, el proyecto ahora aprobado pasa a estudio de. un comité parlamentario que, en el plazo de 60 días, lo devolverá, probablemente retocado, al pleno de la Cámara para su votación final.

La actual división administrativa de Portugal procede de 1976 y reparte el país en 20 distritos dirigidos cada uno por un gobernador civil.

El proyecto socialista, que deberán ratificar los portugueses mediante las consultas regionales, pretende descentralizar el país y evitar la excesiva burocracia que actualmente caracteriza al aparato del Estado.

La oposición, por su parte, considera que esa división regional supondrá la creación de nuevas estructuras políticas y cargos públicos que aumentarán sin duda los gastos que finalmente saldrán de los bolsillos de los ciudadanos.

El partido comunista acepta casi globalmente el proyecto socialista, aunque no considera necesaria la convocatoria de referendos de ningún tipo. En opinión de los comunistas, la regionalización del país podría llevarse a cabo mediante sus correspondientes debates en los municipios y en los distritos actualmente existentes para establecer la nueva división.

El presidente de la República, Jorge Sampaio, lanzó ayer un nuevo llamamiento a todos los partidos para que debatan el nuevo modelo regional sin crispaciones y con el mayor consenso posible. El primer ministro, Antonio Guterres, se ha comprometido a revocar la ley de las regiones y a dar marcha atrás al proyecto si los portugueses responden negativamente en las consultas populares previstas por los socialistas.