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La gobernabilidad asimétrica

Las palabras, como se sabe, no son nunca inocentes; dicen lo que dicen, que no coincide siempre con lo que se las quisiera hacer decir y a veces denuncian incluso lo que se quisiera ocultar. En este enmarañado presente nuestro vale la pena detenerse en esos dos términos, la gobernabilidad y la asimetría, con los que se pretende explicar el objeto de una larga negociación y caracterizar la estructura necesaria del Estado.No he consultado el diccionario de esa Real Academia cuya denominación dificilmente podrá acomodarse nunca a la nomenclatura constitucional, pero supongo que en la lengua española oficial del Estado por gobernabilidad se habrá de en tender la cualidad de ser susceptible de gobierno, de ser gobernable. Parece también que en buena lógica esa cualidad sólo puede ser predicada del objeto del gobierno, no de su sujeto. Una nave (para volver a la metáfora clásica) será gobernable o ingobernable en razón de sus propias características, no de la mayor o menor dedicación, o fuerza, o habilidad, de su timonel; del mismo modo, la gobernabilidad de una sociedad de penderá de la buena disposición de sus ciudadanos para obedecer las leyes, de la solidez de sus estructuras y de otros rasgos que la caractericen, no de la habilidad o la fuerza política de sus gobernantes. Pese a ello, como es notorio, desde el momento que entre nosotros se comienza a hablar de gobernabilidad (no sé si ya antes de 1993, pero muy especialmente a partir de entonces), quienes se muestran dispuestos a proporcionárnosla no tienen la ilusoria pretensión de hacernos a los españoles más observantes de las leyes, mejor dispuestos a aceptar los sacrificios que de nosotros exija el interés común, o más solidarios. Ofrecen (y lo gran) hacernos más gobernables sin cambiar nuestra aviesa condición, por el procedimiento mucho más simple de contribuir a dotarnos de Gobierno, sumando sus propias fuerzas a las de otro partido que, sin ellas, carecería de las suficientes.

Cabría pensar, a la vista de eso, que la palabra que se utiliza no es la adecuada. Que los nacinalistas no nos proporcionan gobernabilidad, sino que contribuyen a gobernarnos y en consecuencia es la gobernación del reino y no su gobernabilidad el objeto qaue uscan desde hace un par de meses; que todo eso está muy bien y eso es lo que ocurre en otros sistemas parlamentario s, en donde lo común es que ningún partido logre formar Gobierno sin algún apoyo de otro u otros. Desgraciadamente no es así. El término gobernabilidad expresa bien el objeto posible del acuerdo, pues es gobernabilidad y no gobernación lo que los nacionalistas ofrecen o dan y la exactitud del vocablo denuncia justamente lo precario de la situación.

El apoyo de los nacionalistas partido más votado, antes el socialista y a partir de ahora el popular, se parece sin duda al que en otros países dan los partidos menores a los mayores para formar Gobierno. Hay sin embargo en él algunos rasgos poco comunes que singularizan nuestra situación. En primer lugar, claro está, el de que el apoyo viene de partidos que sólo solicitan el voto de los catalanes o de los vascos, con lo que el destino del resto,de los españoles queda, al menos parcialmente, en manos de partidos que ni han pedido jamás su voto ni tienen la menor intención de hacerlo. Quienes ahora preconizan la necesidad de estructuras asimétricas para aproximar nuestro sistema de distribución territorial del poder al que con tanto éxito se practica en Canadá no deberían olvidar esta tan peculiar que entre nosotros existe. Junto a ella, complementándola y acentuándola, está la famosa gobernabilidad, producto de la contradicción existente entre la naturaleza de los partidos nacionalistas y la situación en la que los coloca su práctica electoral. La pretensión de llegar al poder y ejercerlo, que es el objetivo propio de todo partido político, no desborda, en el caso de los nacionalistas, las fronteras de su propia comunidad; no pretenden gobernar España, sino sólo Cataluña, el País Vasco, Canarias, etcétera. Al mismo tiempo concurren sin embargo a las elecciones generales, en las que los españoles votamos simplemente como tales para elegir diputados que a todos nos representan, y en razón de los escaños que así obtienen su decisión resulta determinante (ahora y en el futuro previsible) para gobernar el país. Como de esta situación no pueden escapar, pues su voluntad se manifiesta tanto votando como absteniéndose, y tampoco quieren cambiar su naturaleza, los nacionalistas se ofrecen a dotar nos de gobernabilidad; no a par ticipar en nuestro Gobierno, sino a complementar con sus votos los de la mayoría de los españoles a fin de que podamos tener uno.

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Para conseguir que así sea, los nacionalistas no pueden subordinar su apoyo a condiciones que no tengan relación directa con sus propias aspiraciones en cuanto tales. Es de suponer que toman en consideración las líneas generales del programa de gobierno de sus socios en lo que toca a la política económica, social, etcétera, pero esas políticas son sólo, cuando mucho, condición de posibilidad de la negociación, no objeto de ésta, que se centra sólo en objetivos de interés para la correspondiente comunidad autónoma, sea a título particular (traspasos), sea de manera, por así decir, general (sistema de financiación de las comunidades). El contenido posible de la negociación está predeterminado por su planteamiento.

Se dirá que este planteamiento está determinado a su vez por la naturaleza propia de los partidos nacionalistas y que para llegar a esta conclusión no hacía falta tan largo viaje. Así sería si los partidos nacionalistas no pudieran o debieran ser de otra forma. No se trata de que para ser catalán o vasco no haya que ser necesariamente nacionalista, que es cosa evidente, sino de que quienes legítimamente lo son no hagan al serlo abstracción de la otra condición nacional que también tienen y que también practican con su presencia en las Cortes Generales. España no es sólo la denominación colectiva de un conjunto de comunidades autónomas, y, si hemos de tomarnos en serio la idea de que somos una nación de naciones, habrá de aceptarse que el sustantivo tiene significado por sí mismo y no sólo cuando se utiliza en plural.

Francisco Rubio Llorente es catedrático de Derecho Constitucional.

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