La Audiencia Nacional evita que Ruiz-Mateos convierta su juicio en un proceso al Gobierno

La Audiencia Nacional ha impedido que el financiero jerezano, José María Ruiz-Mateos convierta su juicio en un proceso al Gobierno. La Sala de lo Penal de la citada jurisdicción, en un auto que fue notificado ayer, ha rechazado que declaren numerosos testigos propuestos por la defensa de Ruiz-Mateos - entre otros el presidente del Gobierno en funciones, Felipe González- a pesar de que se trataba de pruebas que habían sido admitidas con anterioridad. La vista del caso Rumasa ha sido señalada oficialmente para el lunes 25 de noviembre próximo.

Entre los testigos, que habían sido aceptados en un principio y que ahora no declararán figuran, además de Felipe González, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra; los ex ministros de Economía, Carlos Solchaga y Miguel Boyer; el ex ministro del Interior, José Barrionuevo; el ex ministro de Justicia, Fernando Ledesma; el ex ministro de Presidencia, Javier Moscoso; los ex presidentes de las Cortes, Félix Pons y Landelino Lavilla; el ex presidente del Gobierno con UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, y los ministros con aquella formación política Juan Antonio García Díez y Jaime García Añoveros.Tampoco han sido admitidos como testigos varios parlamentarios de la época en que se produjo la expropiación de Rumasa, como Oscar Alzaga, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Luis Ramallo, Ramón Tamames o Nicolás Sartorius, y altos cargos de la Seguridad del Estado en aquellas fechas, como Rafael Vera, Carlos Sanjuan, Jesús Martínez Torres o Mariano Baniandrés.

Señala el tribunal que todos estos testigos habían sido propuestos por el conocimiento que podrían tener del holding Rumasa antes de la expropiación o de actuaciones relacionadas con la misma, pero no por el conocimiento que pudieran tener de los delitos presuntamente cometidos por Ruiz-Mateos y su equipo.

Ni Preysler, ni Julio Iglesias

La resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deja fuera del juicio también a Isabel Preysler y al cantante Julio Iglesias pues fueron propuestos en relación con operaciones de Rumasa pero no por los hechos que se van a juzgar. El auto recoge los fallecimientos de los ex ministros Francisco Fernández Ordoñez y Pío Cabanillas, as! como el del ex fiscal del Estado, Luis Burón, que habían sido admitidos como testigos. Otros 15 testigos propuestos por la defensa del financiero tampoco an sido admitidos puesto que su intervención se refería a la ocultación y hallazgo de documentos contables en varias sedes de Rumasa tras la expropiación.La resolución no sólo ha rechazado testigos propuestos por Ruiz-Mateos, también ha inadmitido los, testimonios de José Ramón Álvarez Rendueles, Eduardo Carriles Galarraga, Enrique Fuentes Quintana, José María López de Letona y Mariano Rubio, propuestos por el fiscal, porque no tienen relación con los hechos objeto de acusación.

La sala deja sin efecto también las citaciones de otros 26 testigos porque el Supremo sobreseyó los delitos monetarios cuando entró en vigor la nueva legislación sobre control de cambios. El proceso quedó archivado para tres de los ocho procesados, que sólo estaban acusados de delitos de este tipo. Juan Ignacio de Burgos López, Manuel Cambas Roldán y Jorge San Juan Piñol ya no comparecerán como acusados en la vista, sino como testigos, ya que su declaración fue propuesta por las otras partes.

Quedan por tanto como acusados José María Ruiz-Mateos,José Díaz Hidalgo, Carlos Quintas, Luis Romero Agarrado y Manuel Sánchez Marín. Parael primero, el fiscal solicita 12 años de cárcel, para Díaz Hidalgo, 23, y para los restantes, cinco años para cada uno, por delitos de falsedad continuada. Díaz también está acusado de estafa y apropiación indebida.

El tribunal ha introducido una cautela para evitar que Ruiz-Mateos vuelva a intentar suspender el juicio. En el auto se dice textualmente: "En previsión de posibles renuncias intempestivas del procesado. José María Ruiz-Mateos a su actual letrado de libre designación Marcos García Montes, diríjase comunicación al Colegio de Abogados para que se nombre uno de oficio, con carácter cautelar, a fin de que lo defienda en el supuesto de una renuncia del procesado, poniéndole de manifiesto las actuaciones inmediatamente a su su designación para que tome conocimiento de las mismas".