La Asociación de Usuarios de banca pide 18 años de prisión para Conde
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC) solicita, en su escrito de acusación sobre el caso Banesto, 18 años de cárcel para el ex presidente de la entidad Mario Conde y un total de 88 años para los diez restantes imputados en el sumario instruido por la Audiencia Nacional.Esta asociación, personada en el caso como acusación particular, exige a diez de los imputados que indemnicen "solidariamente" a Banesto con 13.000 millones de pesetas de principal, más los intereses y costas, mientras que al undécimo inculpado, el presunto testaferro de Conde Eugenio Martínez Jiménez, le solicita el pago de 1.900 millones, informa Efe.
Según consta en el escrito de acusación, en el que se pide la apertura de juicio oral, AUSBANC solicita un total de 18 anos, cuatro meses y un día de prisión, así como una multa de un millón de pesetas para Mario Conde, a quien acusa de los delitos de falsificación, apropiación indebida y estafa.
Por estos mismos delitos pide penas de doce años, seis meses y tres días, además de multas de 100.000 pesetas, para el ex vicepresidente de Banesto Arturo Romaní, el ex consejero de la entidad Rafael Pérez Escolar y el ex directos general Fernando Garro. Para los ex consejeros Juan Belloso, Ricardo Gómez Acebo, Ramiro Núñez,. Vicente Figaredo, César de la Mora y Enrique Lasarte, a los que acusa de falsificación y estafa, solicita seis años, seis meses y dos días de cárcel y multas de 100.000 pesetas. . Reclama además prisión de doce años y dos días, por los delitos de apropiación indebida y estafa, para Eugenio Martínez Jiménez.
Paralelamente, la defensa de Fernando Garro ha pedido al juez Miguel Moreiras su absolución en el escrito de conclusiones provisionales presentado ayer en la Audiencia Nacional por entender que no cometió los delitos de falsedad y apropiación indebida de los que le acusa el fiscal, informa Europa Press. El juez Moreiras será también el encargado de investigar la querella presentada por UGT de banca contra la empresa auditora Price Waterhouse por sus auditorias de Banesto entre los años 1982 a 1992.
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