'Socios' en la pena de muerte

Dos Gobiernos de sociedades basadas en. modelos antagónicos comparten, sin embargo, su fe en la pena de muerte, hasta el punto de ser los principales abanderados de su uso en un mundo en el que, por contra, ganan terreno los abolicionistas.La excelente película de Tim Robbins Dead Man Walking (Pena de Muerte), ha resucitado el debate sobre esté castigo, y lo ha centrado sobre la crueldad intrínseca a su aplicación, que iguala al Estado, sus funcionarios y la sociedad con los peores asesinos.

Más de 3.000 personas esperan hoy la muerte en las celdas de 34 Estados norteamericanos, 14 de ellos condenados bajo leyes federales. Fueron ejecutados 56 presos en 1995, más que en ningún año anterior. desde la reinstauración de la pena, capital a mediados de los setenta.

En China se ejecuta al año a más personas que en todo el resto del mundo. Amnistía Internacional registró más de 3.200 condenas de muerte y 2.100 ejecuciones en 1995, aunque la organización cree que las verdaderas cifras son mucho mayores.

Los métodos son diferentes, pero las creencias se parecen: que las ejecuciones son efectivas contra la delincuencia, aunque nunca lo han probado, y pese a que, en muchos casos, prima el deseo de venganza sobre el de justicia. Los jefes de policía de EE UU creen que la pena de muerte es poco efectiva para controlar el crimen, según una encuesta de febrero de 1995.

En China, donde hay 68 delitos punibles con la pena capital (entre. ellos evasión de impuestos, bigamia o participar en juegos de azar), el incremento de la propaganda a favor de las ejecuciones ha coincidido con un aumento de la delincuencia posiblemente relacionado con el desarrollo económico, que ha creado bolsas de pobreza en las grandes ciudades. Los condenados suelen ser exhibidos y humillados ante las multitudes. En EE UU cunde más un cierto e hipócrita pudor. Tejas aprobó en diciembre de 1995 una norma para permitir presenciar las ejecuciones a los familiares de las víctimas, lo que ya era posible en California, Luisiana, Carolina del Norte, Washington y Virginia.

En cuanto a los derechos procesales, China se distingue por la ausencia de garantías, mientras que en EE UU depende más de la cuenta corriente del acusado, según informes de Al.

El Congreso norteamericano votó el pasado verano la supresión de los 20 millones de dólares de ayuda a las organizaciones que proporcionan defensa gratuita a los condenados a muerte, incrementando el riesgo de que se ejecute a inocentes. El Legislativo está también empeñado en reducir las posibilidades de presentar recursos de apelación, que han permitido salvar muchas vidas, incluso de inocentes condenados inicialmente por error.

Los procesos en casos de pena de muerte en China se distinguen por ser sumarios, a menudo con la sentencia previamente decidida y basada en confesiones extraídas bajo tortura, especialmente durante las campanas de orden público. Pero si se estudia la situación económica y la representación ineficaz sufrida por un buen número de condenados en EE UU, tanto les daría ser juzgados en Pekín que en Nueva York. No existen datos $obre el factor raza en las ejecuciones.en China, pero si en EE UU, donde el porcentaje de condenados negros e hispanos es mucho mayor que el que ambas razas representan en la población total (el 45% de los ejecutados en 1995).

Los métodos varian, pero. la crueldad no es muy diferente, sea tiro en la nuca o silla eléctrica, pero algunos piensan que hay formas más limpias que otras: un tribunal de California dictaminó recientemente que la cámara de gas era demasiado cruel, e introdujo la inyección letal.

Ambas naciones comparten la posibilidad de ejecutar a menores de 18 años y mayores de 16. A finales del año pasado, 44 delincuentes juveniles esperaban la ejecución en EE UU. En China, los jóvenes reciben un aplazamiento durante dos años, y pueden obtener una conmutación si demuestran que se han reformado.

93 naciones mantienen la pena de muerte. China, Arabia Saudí (con 195 ejecuciones en 1995), y Nigeria (con más de 100), encabezan la clasificación de 1995. AI mantiene una campana permanente que incluye una acción para conseguir una moratoria en Georgia durante los Juegos Olímpicos, para la que se han reunido ya en España cerca de 40.000 firmas. Más información: Amnistía Internacional. Barquillo, 17. 28004 Madrid., Tel. 531 25 09. Fax: 531 71 14.