La hora de la verdad

El espectáculo previo a la investidura de Aznar como presidente de Gobierno, pleno de negociaciones, se agota. Mes y medio después de las elecciones, las tensiones se desdibujan y la situación de dos pasos adelante, uno atrás no suscita emoción alguna, sino aburrimiento. La consideración generalizada en la opinión pública de que en las conversaciones entre los conservadores y los nacionalistas catalanes y vascos hay mucho de comedia le resta sentido de la realidad; superada la exposición y el nudo de la obra, los ciudadanos necesitamos el desenlace.Entonces se acercará la hora de la verdad; primero, el análisis público del pacto sobre la financiación autonómica. ¿Será un acuerdo de suma cero que no incrementará el déficit conjunto de las administraciones públicas? Segundo, ¿cómo será -regresiva o progresiva- la distribución de los ingresos y gastos públicos entre las distintas zonas del Estado?

Ya sabemos que el célebre programa oculto del PP era, en recientes palabras de Aznar, la organización del "Estado del siglo XXI", pero nos falta conocer si, además, este nuevo modelo es compatible con lo que decía el programa electoral oficial con el que el PP ganó los comicios. En él se afirmaba, por ejemplo: "La estabilidad es una exigencia interna del Estado de derecho. No puede aceptarse un proceso abierto por tiempo indefinido y de perfiles indeterminados". Con esta negociación, ¿se cierra este asunto?; ¿aceptan este fin de trayecto los nacionalistas?; ¿incluye el acuerdo un pacto de austeridad entre las administraciones consistente en "una información trimestral homogeneizada de la ejecución del gasto, de la evolución del déficit y del endeudamiento de todas las Administraciones públicas y de los organismos de ellas dependientes; la garantía del cumplimiento de los acuerdos de consolidación presupuestaria entre las administraciones públicas, estableciendo previsiones financieras cuantificadas y vinculando su realización a las posibilidades de endeudamiento de las administraciones territoriales y del Estado"?

¿Cómo se compatibiliza la cesión de un tramo del 30% del IRPF, asunto en principio complicado, con la reforma y reducción de este impuesto, eje de la campaña electoral? Esta reforma contemplaba la profunda revisión del gravamen "dirigida a simplificarlo, hacerlo más justo y convertirlo en un instrumento eficaz para el ahorro". La revisión del IRPF, según Aznar, contemplaba las siguientes medidas: disminución progresiva del número de tramos de la tarifa hasta llegar a tres, reduciendo el tipo marginal aplicable a todos los contribuyentes y situando el máximo en el 40%. La propuesta del PP defendía la modulacíón del impuesto para que reflejase la capacidad económica de los contribuyentes en función de las "circunstancias personales y familiares", pero no decía nada de las territoriales.

Tras la valoración del pacto autonómico, el nuevo Gobierno debe abordar otro de los puntos de su programa: el gran acuerdo social por el empleo con sindicatos y patronales. Y paralelamente iniciar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 1997, con los que se jugará la crebidilidad ante los mercados y las posibilidades de entrar en la lista de cabeza de la Unión Económica y Monetaria. Tarea ingente para la que sólo le quedan cuatro meses.

El problema instrumental de la investidura debe dejar de serlo cuanto antes y comenzar a gobernar. En ello está comprometido no sólo el Partido Popular, sino todas las fuerzas políticas, cada una de ellas en el sitio que le concedieron los electores el pasado 3 de marzo.