Eduardo Santos denuncia a Estevill por extorsión y dice que pagó 30 millones para no ir a la cárcel

Eduardo Santos, ex presidente de Macosa y ex subsecretario del Ministerio de Industria, ha declarado ante el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que sufrió un "auténtico secuestro, una extorsión, como el de José María Aldaya", por parte del juez Luis Pascual Estevill y que tuvo que pagar 30 millones de pesetas para no ir a la cárcel. Pascual Estevill instruyó la querella criminal contra los directivos de Macosa por una presunta estafa.

Santos y los consejeros de Macosa Nicolás Garrido y Pedro Nueno declararon también ante Villarejo que el juez les pidió 100 millones, a través de unos abogados de Barcelona, para excarcelar a Federico Albiñana, ex consejero delegado y uno de los inculpados, y por revocar el auto de prisión y la orden intemacional de busca y captura contra Santos.Según el relato de los hechos del anterior equipo directivo de Macosa, el 1 de diciembre de 1992, Pascual Estevill, titular del Juzgado número 26 de Barcelona, firmó un auto de prisión "sin previa citación para comparecer" contra Federico Albiñana y Eduardo Santos. El primero ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona y el segundo no fue hallado en su domicilio por la policía judicial por encontrarse en Miami (Estados Unidos).

Al día siguiente, Juan Piqué Vidal, que se convirtió en el abogado de Santos y de Macosa tras haberles comunicado la existencia de una querella en contra suya y haberse ofrecido como defensor, se reunió con uno de los consejeros de la citada empresa. Pocas. horas después, según los denunciantes, Piqué tuvo un contacto en el restaurante Vía Véneto con Pascual Estevill, al que asistió el abogado Rian Vives Rodríguez de la Hinojosa, conocido del consejo de Macosa. Después de la comida con el juez, Vives recibió en su despacho a los representantes de Macosa, a los que comunicó que el juez quería 300 millones, aproximadamente un 30% del presunto fraude del que se acusaba a los inculpados (1.000 millones), para obtener la libertad de Federico Albiñana y revocar el auto de prisión contra Santos.

Los denunciantes afirmaron que con posterioridad a la citada reunión los abogados les informaron de que habían conseguido "una rebaja en las pretensiones del juez" y que debían pagar 100 millones, la mitad a su cargo y la otra mitad a cargo del entonces presidente del Banco Central, Alfonso Escámez, que estaba citado como testigo, "porque si no se le imputaría", según declararon ayer los ex directivos de Macosa. Tras realizar varias comprobaciones en Barcelona -"porque nos parecía incomprensible y tal vez un montaje de estos abogados a espaldas del juez", explicaron-, los entonces directivos de Macosa llegaron a la conclusión de que era cierta aquella extorsión.

Dinero blanco

Durante el puente de la Inmaculada de 1992, los directivos de Macosa se apresuraron a recoge r el máximo dinero en efectivo posible, ya que descartaron Ia petición de hacer los pagos en Suiza" -como anteriormente se les había pedido-, y reunieron 30 millones en dinero blanco que fueron entregados al abogado Juan Vives Rodríguez de la Hinojosa. Al entregar el dinero, según explicaron los denunciantes, vieron en la bolsa en la que guardó Vives los billetes "un buen paquete de dinero", que suponen que "correspondía a la entrega del Banco Central".El día 9 de diciembre de 1992, según lo pactado por los negociadores, Eduardo Santos compareció a las seis de la tarde ante Pascual Estevill, en funciones de juez de guardia -"no me tomó declaración, ni siquiera intercambiamos palabra"- y depositó dos cheques conformados, de 10 millones cada uno, como se había estipulado previamente. Significativamente, Santos sabía antes de acudir al juzgado cuál sería el importe de la fianza.

Diez minutos después de su comparecencia ante Pascual Estevill, éste revocó sin más el auto de prisión y la orden de busca y captura. A continuación, los directivos de Macosa se dirigieron a la cárcel Modelo para recoger "al rehén Albifiana", que fue excarcelado directamente por el juez, sin mayor trámite, a las once de la noche.

Se da la circunstancia de que el abogado Vives Rodríguez de la Hinojosa había realizado diferentes trabajos para el consejo de Macosa y que tiene relación con los intereses del Banco Central en Cataluña.

Los denunciantes de la actitud presuntamente delictiva del ex juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentaron diversas pruebas de sus acusaciones al fiscal anticorrupción, entre ellas alguna cinta magnetofónica, y significaron ante él que el instructor del llamado caso Macosa, ahora pendiente de resolución en el juzgado de delitos monetarios de Miguel Moreiras, cometió otras irregularidades. Entre éstas se destaca que a pesar de que Pascual Estevill se inhibió en favor de la Audiencia Nacional el 4 de diciembre, cinco días después decretó excarcelaciones y fianzas, e incluso admitió a trámite una querella contra los directivos de Macosa presentada por la Asociación de Defensa del Accionista.

Escámez

Otra de los actuaciones que Estevill llevó a cabo a pesar de haberse inhibido fue tomar declaración a Alfonso Escámez, en calidad de testigo en el caso, el 15 de diciembre. A Escámez se le preguntó sobre una supuesta condonación de 1.500 millones de intereses de préstamos de Macosa que el presidente del Banco Central cedió en favor del equipo directivo de Macosa, que encabezaba Eduardo Santos, "pero que en ningún caso salieron de la compañía", según precisó éste.Otro de los directivos del equipo de Santos en Macosa, Ignacio García Nieto, también tiene previsto prestar declaración ante el fiscal anticorrupción. Villarejo tomó ayer tarde declaración en Barcelona a Juan Vives hijo y a Jorge Linati, ambos abogados, en relación con los presuntos delitos de cohecho que denunciaron días atrás Lorenzo Rosal y el hijo de José Felipe Bertrán. Rosal denunció haber pagado 25 millones al hijo del juez, Javier Pascual Franquesa, para obtener la excarcelación de dos de sus socios, Pedro Olabarría y Luis Ignacio Romero.

Por su parte, Felipe Bertrán Márquez denunció haber recibido una petición de 300 millones para obtener el archivo de la causa que instruía Pascual Estevill.