Los funcionarios de la cárcel de Logroño acusan al Ejecutivo de no reforzar sus medidas de seguridad

ETA no sólo ha amenazado por carta a los funcionarios de la prisión de Logroño, compañeros de José Antonio Ortega Lara, de cuyo secuestro por la banda terrorista se cumplían ayer tres meses, sino que también ha enviado ese escrito a todas las prisiones. Los trabajadores de Logroño aprovecharon ayer la habitual concentración de los miércoles para arremeter contra Asuntos Penitenciarios, al considerar que incumple los compromisos para reforzar su seguridad. Funcionarios de prisiones celebraron numerosos actos públicos en toda España en apoyo de Ortega.

La solidaridad ciudadana con Ortega Lara se plasmó en Logroño, en donde se manifestaron unas 4.000 personas, y en Burgos, con la asistencia de 2.000 manifestantes. Representantes de la organización pacifista Gesto por la Paz entregaron a la familia Ortega en Burgos más de 3.000 firmas recogidas en el País Vasco en demanda de la libertad del funcionario.La construcción de un aparcamiento propio y una entrada específica para los funcionarios de Logroño son dos reivindicaciones no abordadas por la Administración Penitenciaria. Con el aparcamiento pretenden evitar que personas del entorno de ETA anoten las matrículas de sus coches y obtengan así datos sobre los funcionarios. La plantilla de Logroño, que mantiene un encierro voluntario desde el secuestro, el 17 de enero, llegó a un acuerdo hace tres meses con la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios para mejorar su seguridad.

El portavoz de los funcionarios hizo un reproche al ministro de Justicia e Interior en funciones, Juan Alberto Belloch: "No entendemos cómo el ministro no se ha puesto aún en contacto con nosotros, aunque sea para darnos ánimos o explicarnos si existe alguna iniciativa para lograr la liberación de nuestro compañero".

El director general de la Policía Ángel Olivares, pidió ayer en Ávila "apoyo y solidaridad para los funcionarios de prisiones", tras la carta en la que ETA amenaza a este colectivo y culpa al Gobierno de estar buscando un "desenlace duro" del secuestro, informa Carlos de Miguel.

Tras presidir un acto en la Escuela de Policía, Olivares se mostró confiado en que la sociedad "mantenga viva la tensión que ha permitido en otros secuestros, como el de Aldaya, movilizarse en favor de la libertad, la paz y la convivencia pacífica".

Los funcionarios de prisiones se declaran dispuestos a no ceder al chantaje de ETA, que les responsabiliza de la "represión de los presos políticos vascos". "Ante el chantaje y la extorsión no podemos estar quietos y callados porque el mayor cómplice de las acciones violentas es el silencio", declaró Carlos Sánchez, dirigente de la Federación Estatal de Administración Pública de CC OO.

Critica al Gobierno vasco

El parlamentario socialista vasco Fernando Buesa considera "desafortunada" la decisión del Gobierno autónomo de suspender, tras la liberación del empresario José María Aldaya, las concentraciones de los lunes.Sin embargo, los miembros de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco acudirán en breve a una de las concentraciones de los funcionarios de Logroño, tras aprobarse ayer una propuesta formulada por Javier Madrazo, portavoz de Izquierda Unida-Ezker Batua. Karmelo Landa, de HB, no se sumó a la propuesta y la contrapuso con la negativa de la comisión a visitar a los etarras presos en Navalcarnero (Madrid). Cuatro de éstos se quejan de ser maltratados por cinco. funcionarios, informa Pedro Gorospe.

El Parlamento vasco, no obstante, acordó enviar un escrito al director de la prisión de Navalcarnero y a la secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, Paz Fernández Felgueroso, para que pongan fin a los malos tratos a Iñaki Gonzalo Casal, Ramón Urdagarina, Gabriel Zabala y Jesús, Boyada. Madrazo resaltó la "credibilidad" de las denuncias formuladas. Los familiares de Casal aseguran que éste se halla en módulo de aislamiento desde noviembre de 1994.