La Asociación Contra la Tortura pide cárcel para 18 guardias de Colmenar

La Asociación Contra la Tortura ha decidido presentar acusación por presuntos malos tratos contra 18 guardias civiles del cuartel. de Colmenar Viejo (28.000 habitantes), para los que resclama penas que oscilan entre los seis meses y seis años de cárcel. El escrito de acusación de esta asociación, que interviene como acción popular, demanda que se sienten en el banquillo 8 agentes, cuatro más de los que ha implicado la fiscalía, que acusa a 14 y para los que pide penas de entre cuatro meses y un año de prisión.

La asociación acusa a estos 18 guardias de haber torturado, amenaza o y vejado a tres jovenes de la loca lidad -Cecilio Rodríguez, José Luis Villanova y Pedro Rodríguez- durante el fin de semana del 22 al 24 de octubre de 1994. Los tres fueron detenidos tras participar en una pelea callejera a la salida del pub Color, en la que también intervinieron varios agentes que: estaban de servicio, algunos de los cuales su frieron lesiones.Para la acusación popular, los agentes Ubaldo Francisco Cuena Carrachón, Miguel Ángel Ramos Gálvez, Israel Gutiérrez Zamarreno y José María Sánchez Aldana también participaron -al menos indirectamente- en los hechos, pues tuvieron conocimiento de los malos tratos que recibieron los jóvenes en los calabozos del cuartel y no lo evitaron. La fiscalía menciona en su escrito a estos cuatro agentes como testigos.

Estos cuatro guardias no son los únicos, sin embargo, que la fiscalía ha dejado fuera del saco de inculpados. La fiscalía pide para los 14 inculpa dos penas que fluctúan entre los cuatro meses y el año de prisión, además de inhabilita ción en sus cargos. Teodoro Mota, abogado de esta asociación, presentó ayer un escrito a la juez instructora en el que pide que las guardias Rosa Belén Montes Rastro y Pilar Hidalgo -llamadas a de clarar por la, fiscalía como testigos- también sean incluidas en la causa en calidad de inculpadas. "Hay indicios suficientes para acusar a ambas de un posible delito de falsedad en documentos, al trastrocar los partes del servicio de patrulla de los días en que se produjeron los hechos", entiende Mota. "La fiscalía ha hecho lo más cómodo; es decir, acusar sólo a los guardias que fueron reconocidos por los chavales en las ruedas de reconocimiento. Pero uniendo cabos y recogiendo detalles, salen más inculpados", asegura.La diferencia de criterios entre la fiscalía y la acusación particular no se queda ahí. La asociación solicita penas que llegan hasta los seis años de cárcel (como en el caso del guardia civil Miguel Izquierdo) y la inhabilitación de todos los inculpados durante ocho años. "La fiscalía ha sido muy benevolente. No se pueden saldar unos hechos tan graves como los que sucedieron entonces con peticiones tan cortas, pues, al carecer todos de antecedentes penales, ni siquiera se cumpliría". Mota se queja además de la impunidad que han tenido en el caso los dos mandos inmediatos de los guardias acusados.