El juez levanta la suspensión o pagos de IGS
El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha ordenado el levantamiento de la suspensión de pagos de IGS -gestora de la cooperativa de viviendas PSV- lo que abre paso a la liquidación de la sociedad. IGS, que dirigía Carlos Sotos y estaba ligada a UGT, presentó suspensión de pagos en diciembre de 1993 cuando su deuda superaba los 35.000 millones de pesetas, tras lo que se inició un proceso de segregación de las promociones de viviendas que se desarrolló con avales y créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).El levantamiento de la suspensión de pagos va acompañado de la designación de una comisión liquidadora, integrada por cinco miembros, encargada de vender todos los activos de la sociedad para afrontar el convenio de acreedores. Según ha manifestado un portavoz de IGS, en este convenio se encuentran sólo "acreedores ordinarios", ya que tanto los socios dados de baja como las constructoras percibieron ya las cantidades que se les adeudaban. IGS recuerda que más del 74% de los acreedores aceptaron acogerse a las condiciones de pagos propuestas en el convenio acordado el pasado diciembre.
Los principales acreedores son la cooperativa PSV, por importe de 9.500 millones de pesetas, UGT con 8.733, ICO por 4.500 millones y la aseguradora Unial con una deuda aproximada de 1.010 millones de pesetas. El expediente de suspensión de pagos refleja un pasivo de 42.226 millones de pesetas y un activo de 28.090.
El levantamiento de la suspensión de pagos sufrió un retraso de varios meses debido a las impugnaciones presentadas por parte de algunos acreedores, como Residencia San Antón, Adquisiciones para Maniobras y la Compañía Geotécnica y Cimientos. No obstante, estos acreedores presentaron el 15 de marzo desestimiento a las impugnaciones, sin que se presentaran otras oposiciones válidas a la propuesta del convenio.
El administrador único de IGS-PSV, Valeriano Gómez, aseguró ayer a Radio Nacional que con el levantamiento de la suspensión de pagos de IGS y la aprobación del convenio de acreedores, queda garantizada definitivamente la viabilidad jurídica del proceso. El sindicato UGT, por su parte, expresó su satisfacción por la decisión que, a su juicio, tiene como efecto el reforzamiento de las medidas adoptadas para solucionar definitivamente el problema de IGS-PSV, ya que evita cualquier retroactividad de acciones.
