Dos proveedores de Huarte instarán la quiebra de la constructora antes de la junta extraordinaria

Dos proveedores de la constructora Huarte instarán la quiebra necesaria de la compañía antes de la junta general extraordinaria de accionistas del próximo día 11 de abril, que se celebrará en Pamplona. Estos acreedores consideran que los balances sobre los cuales se asienta la suspensión de pagos no soportan una insolvencia provisional para Huarte, es decir, aquella situación en la que el activo es todavía superior al pasivo, sino una insolvencia de tipo definitivo. Los acreedores argumentan que los interventores no pueden considerar los 7.000 millones de créditos fiscales como activo. Mientras, en menos de una semana ha cambiado de manos el 14,78% del capital de la constructora en crisis.

Los 7.000 millones de créditos fiscales aparecen relacionados en el activo del balance de la constructora, así como otros activos sobrevalorados y que "con el Plan General de Contabilidad en mano, son inaceptables como partidas del activo, máxime en una situación de no continuidad de la empresa, como es el caso de Huarte con todas las obras paralizadas y, por tanto sin capacidad de nuevos ingresos", según los proveedores. La anulación de esos activos convertiría la suspensión de pagos en quiebra, puesto que el expediente que tramita el juez Ernesto Vistallé recoge un pasivo de 108.237 millones y un activo de 109.261 millones. Menos de 1.000 millones separan suspensión y quiebra.Este planteamiento, entre otros, servirá para que a principios, de la próxima semana, un acreedor de Madrid y otro de Barcelona requieran al juez y a los interventores judiciales la quiebra. En el escrito ya preparado a este fin se pide al juez y a los interventores que "no colaboren con el fraude procesal que significaría seguir tramitando una suspensión de pagos, cuando está constatada una situación de quiebra".

Además de los argumentos contables, que se basan en la propia auditoría de KPMG Peat Marwick, los acreedores sostienen que de continuarse con el proceso de suspensión, la masa acreedora de la constructora perdería la oportunidad de retrotraer las garantías sobre las que se concedieron buena parte de los créditos hipotecarios de Huarte, que ascienden. a unos 20.000 millones, de un total de deuda bancaria valorada en 39.000 millones.

El proceso de. retroacción sobre las garantías ofrecidas para la obtención de créditos bancarios, en especial hipotecarios, está siendo obstaculizado por la propia suspensión. Caso de decretarse la quiebra se abriría un proceso de revisión de todas las operaciones hasta dos años atrás. En estas revisiones también figurarían las pignoraciones de acciones de sociedades participadas de Huarte para obtener créditos. Por el contrario, si se sigue con la suspensión de pagos, "el tope de los dos años de posible revisión, que establece el artículo 882 del Código de Comercio, se acorta cada día que pasa".

Un eventual proceso de reversión de garantías perjudicaría sobre todo a los deudores bancarios que, en muchos casos, perderían su condición de privilegiados para engrosar la masa acreedora. Es el caso del crédito de 1.900 millones que Caja Postal concedió a Huarte con garantía de terrenos en Matas Verdes (Estepona). 0 el del hipotecario del BCH por 452 millones con garantía de terrenos en Fuente la Duquesa, Manilva (Costa del Sol). Ambos datan de diciembre de 1994.

También es la situación del crédito de 3.000 millones que hipotecó la sede madrileña de Huarte, en la calle Josefa Valcárcel, 42, concedido por el Banco Reinhyp Rheinishe Hypothekenbank.

Lo mismo ocurre con las pignoraciones. Por ejemplo, Caixa del Penedés acredita 3.000 millones de deuda garantizada con 1,2 millones de acciones de Estacionamientos Subterráneos (Essa), filial de Huarte al 59,73%. Cariplo tiene pignorado otro millón de títulos de Essa.

Mientras, la situación en Bolsa de Huarte es paradójica. El desplome de su cotización tras la suspensión que rebajó el valor de 420 pesetas 1 acción a 214 pesetas el 29 de marzo, ha permitido el cambio de manos un 14,78% del capital de la constructora.