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La retirada de San José despeja el camino hacia una disolución ordenada de Huarte

Constructora San José ha decidido tirar la toalla en la crisis de Huarte. Su presidente, Jacinto Rey, comunicó ayer a la banca acreedora esta decisión, que abre la vía a la disolución ordenada de la constructora, que está en suspensión de pagos. Mientras, los acreedores temen que afloren nuevos agujeros en el balance de la compañía, que ayer volvió a cotizar en Bolsa. El valor de la acción cayó un 46,7%. Los trabajadores, por su parte, se manifestaron ayer ante la sede del Ministerio de Economía en Madrid para solicitar ayudas oficiales que ayuden a paliar la crisis.

La crisis de Huarte vivió ayer una jornada trascendental. Su principal accionista, Constructora San José, decidió abandonar sus intentos por pilotar la salvación de Huarte. Fuentes de la sociedad gallega señalaron: "No queremos ser un obstáculo para la resolución de la crisis de Huarte. Lo único que deseamos ahora es recuperar su inversión, aunque no bloquearemos la salida que se decida".Esta decisión se produjo después de dos intentos de última hora de San José. La noche del pasado jueves alcanzó un acuerdo con la empresa alemana Waissf Freitas para que entrara en el capital. El socio alemán exigió mes y medio para efectuar una auditoría, pero San José contestó que no podía soportar ese plazo. Además, la dirección de la empresa gallega planteó a la Administración un management by out, que fue inmediatamente rechazado.

La salida de San José refuerza, según fuentes tanto de la banca acreedora como de las constructoras, la tesis que apunta a una disolución ordenada de la empresa. Esta salida, defendida por las grandes constructoras, consistiría en que éstas asumirían las obras, con los correspondientes proveedores y plantilla. Los activos se venderían y servirían para pagar en parte a los acreedores que, en este esquema, serían los mayores perjudicados.

Mientras tanto, la suspensión de pagos sigue su ritmo, aunque se ha tropezado con una nueva pega. Los acreedores temen que aflore un nuevo agujero que podría superar los 10.000 millones de pesetas. En concreto, las dudas se centran en un crédito de 10.000 millones concedido a Prominver, en un solar en Cancún (México) en el que se invirtieron casi 5.000 millones de pesetas y en las garantías que sustentaban créditos hipotecarios de 16.000 millones, cuando su valor en el mercado es prácticamente la mitad. Además, consideran dudoso contabilizar en el activo el crédito fiscal de 7.000 millones como consecuencia de las pérdidas del año pasado.

Con todo, la empresa volvió ayer al parqué. Al final de la jornada marcó una cotización de 219 pesetas, lo que supuso una pérdida del 46,17%. La cotización más baja se situó en 185 pesetas, en tanto que la más alta fue de 235 pesetas. En total, se negociaron 1,014 millones de acciones.

Por otra parte, más de un millar de trabajadores de Huarte, llegado de varios puntos de España, se concentraron ayer ante la sede de la empresa en Madrid para solicitar una solución a la crisis de la constructora. Los manifestantes, convocados por CC OO, se dirigieron Posteriormente al Ministerio de Economía. Representantes del comité de empresa y dirigentes de CC OO fueron recibidos por el director general de Política Económica, Luis Albentosa, al que reclamaron una solución a la crisis de Huarte y que interceda ante el Ministerio de Trabajo.

La plantilla de Huarte es de 1.500 personas fijas y 3.000 eventuales. Además, en torno a 15.000 personas dependen de la constructora de forma indirecta.

Protesta sindical

El secretario general de la Federación de Construcción de CC OO, Fernando Serrano, criticó duramente al resto de las grandes constructoras, a las que acusa de no colaborar para, solucionar la crisis y de querer repartirse la cartera de Huarte. UGT, por su parte no se movilizó ayer por entender que "en estos momentos es un error y perjudica la marcha de la empresa".

A juicio de Serrano, la salvación de Huarte depende de una decisión política. Por ello, durante la próxima semana pedirá entrevistas "al más alto nivel tanto al Gobierno saliente como al entrante". Serrano también criticó al fiscal general del Estado, Carlos Granados, por no haber iniciado ninguna acción penal contra los antiguos gestores de la empresa, con Mario Caprile a la cabeza a pesar de haberlo reclamado.

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