Las instituciones dejan su guerra urbanistíca en manos de los técnicos

VIENE DE LA PÁGINA 1El duelo urbanístico entre los equipos de Alberto Ruiz-Gallardón y José María Álvarez del Manzano se ha aplazado hasta después de Semana Santa. La discrepancia principal se refiere a las competencias que debe tener cada Administración pública. Ruiz-Gallardón se niega a presentar una ley de capitalidad que ceda poderes urbanísticos al Ayuntamiento de Madrid. El alcalde quiere pedir estas competencias a José María Aznar cuando sea elegido presidente del Gobierno de la nación.

Las cuatro horas de reunión entre los equipos urbanísticos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid permitieron resolver varios asuntos pendientes:

Chabolismo. Se aceptó la construcción urgente de cuatro nuevos asentamientos chabolistas "tipo La Celsa" (96 viviendas de hormigón situadas en un nudo de carreteras junto al barrio de Entrevías). Los distritos elegidos para levantar estos nuevos poblados son Fuencarral, Hortaleza, San Blas y Villa de Vallecas. "Así resolvemos una reivindicación vecinal histórica que rechazaba la concentración de este tipo de asentamientos en el sur", indicó el viceconsejero de Obras Públicas, Luis Peral.

En Madrid existen 769 familias chabolistas censadas por el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada que esperan la vivienda digna que en 1986 les prometieron los políticos.

Los nuevos gobernantes del PP pretenden atender esta demanda en tres años.

Otro millar de familias habitan chiribitiles que no aparecen en los registros de las administraciones. No serán atendidas de momento.

Escombreras. El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, anunció que el vertedero ilegal de Las Cárcavas, que funciona sin autorización municipal desde hace más de un año, se cerrará en tres meses para abrir otro nuevo, y esta vez legal, "muy cerca", al norte de la ciudad. "No podemos dar más detalles, pues aún estamos negociando con los propietarios", indicó Cortés.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, que discutió de este asunto con el consejero de Obras Públicas, sacó una conclusión distinta: no se cerrará Las Cárcavas. Aunque también anunció que se buscaría un nuevo terreno para verter escombros.

En esta disputa urbanística, que Alberto Ruiz-Gallardón impulsó el mismo día que anunció, en conferencia de prensa, que el vertedero había que cerrarlo y no se podía legalizar, ha irrumpido un fichaje jurídico.

Cortés aseguró ayer que han recibido el informe del catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo, que ha sido contratado por el Ayuntamiento de Madrid. La opinión del experto puede permitir la legalización del depósito pirata de Las Cárcavas, según Cortés.

"Nuestros servicios jurídicos dicen que la Ley del Suelo actual impide la declaración de utilidad pública para el espacio de Las Cárcavas que sirve de vertedero. Pero el catedrático de Derecho Administrativo ha hecho un informe para el Ayuntamiento que intenta demostrar que es posible la declaración de utilidad pública. Tenemos que estudiarlo y ver si con todas las garantías podemos aprobar la legalización", señaló ayer Cortés.

El consejero de Obras Públicas afirmó que lo lógico sería legalizar el ¡legal vertedero para así aprovechar los seis meses de vida que aún le quedan. "Posteriormente habrá que sellarlo y convertirlo en parque".

Cortés pidió paciencia a todos los que han criticado al Ayuntamiento por mantener abierta la escombrera ¡legal hasta la apertura de un nuevo vertedero. Incluso llegó a reclamar el "sentido común" de las autoridades judiciales. La fiscalía de Madrid y el Tribunal Superior investigan desde hace tiempo el vertedero ilegal. La primera teniente de alcalde, Esperanza Aguirre, y el concejal de Limpieza, Luis Molina, han explicado ya al juez lo que sabían sobre el depósito pirata de Hortaleza.

El gobierno municipal del PP ha aceptado la propuesta socialista para elaborar una nueva ordenanza que regule los vertidos de escombros que ocasiona el sector de la construcción en Madrid.

Expropiaciones M-40. En junio sacará el Gobierno regional de los presupuestos el dinero que debe a los propietarios de terrenos afectados por el paso de la M-40. La Comunidad de Madrid se comprometió por convenio a financiar el 20% del precio de las expropiaciones. Ayer garantizó a los dirigentes municipales que la deuda se liquidará en breve.

El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, repitió ayer una idea que luce con recurrencia en sus conferencias de prensa. "Yo nunca miento", dijo.

Cuando este periódico le preguntó por qué no se había abierto expediente disciplinario y multado a la empresa que abrió el vertedero ilegal, Cortés soltó: "Que contesten ellos", en alusión al Ayuntamiento de Madrid. Quien aprueba las sanciones multimillonarias es la Comunidad a propuesta del municipio.

Cortés también reflexionó ayer sobre la necesidad de mantener abierto el vertedero ilegal de Las Cárcavas: "Si se cierra, el problema que crearía sería mucho mayor".

Ese mismo argumento ha sido utilizado por el Ayuntamiento durante el último año para evitar su clausura. Este periódico insistió a Cortés: ¿Por qué las administraciones no han encontrado un espacio legalizable donde verter los escombros? El consejero replicó: "A mí este tema me ha llegado hace más o menos dos meses. No puedo opinar sobre lo ocurrido anteriormente. Ahora, la Comunidad ayuda a encontrar un nuevo emplazamiento".