Los peritos judiciales afirman que en Carburos hubo "robo, hurto o sustracción"

Los peritos judiciales, los inspectores del Banco de España Juan Román y Juan Carlos Monje, concluyeron ayer la ratificación de sus informes sobre el caso Banesto en el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional con la afirmación de que en la Operación Carburos tuvo lugar lo que en términos coloquiales se llama robar, hurtar, sustraer" 1.344 millones. Ese dinero debió entrar en Banesto, pero, según dijeron, el dinero fue detraído del banco a raíz de la intervención de Mario Conde, Arturo Romaní, Rafael Pérez Escolar y Jacques Hachuel.La sesión de la tarde del pasa(lo lunes 25 tuvo un elemento sugestivo. Fue el propio juez, Manuel García-Castellón, quien pidió lana aclaración a los peritos sobre la Operación Carburos. Después de relatar los términos de la venta ole una opción al 5,9% del capital ole Carburos por Banesto a Air Products, los peritos explicaron que el dinero fue a parar a Suiza, a una cuenta de Jacques Hachuel, cuando su participación en las negociaciones para la compraventa de las opciones "fue nula". Sin embargo, lo que constaba era otra participación de Hachuel.

Dijeron que Hachuel había colaborado activamente. "Su intervención en la detracción está suficientemente documentada, ya que además de recibir del sr. Pérez Escolar un borrador de recibo, que Air Products no aceptó, fue quien recibió los 1.344 millones [a nombre] de una firma de abogados, pero no como el beneficiario sino en una transferencia con datos incompletos", explicaron.

Habida cuenta de que tanto en sus informes como en la ratificación, los peritos utilizaron varias veces la palabra "detracción", el juez cogió la palabra y con un diccionario en la mano, leyó las distintas acepciones del término: "Cuando repiten tan frecuentemente la palabra detracción, se refieren ¿a qué?" "A lo que en términos coloquiales se llama robar, hurtar, sustraer", respondieron.

"Si se tiene en cuenta que el juez", dijeron a este periódico fuentes jurídicas, "tiene que resolver inmediatamente los recursos de reforma presentados por Banesto, CC OO y el Fondo de Garantía de Depósitos contra su rechazo a la petición de inculpación de Hachuel, cabe suponer que la aclaración debía servir a algún propósito". Hasta el momento, el juez no ha considerado procedente su inculpación.

Los peritos ratificaron también. ante preguntas del letrado de Banesto José Antonio Jiménez, su informe sobre la operación Isolux. En la misma, Euman-Valyser, presunto grupo oculto de Mario Conde, obtuvo un beneficio de 3.800 millones a costa de Banesto. Tanto Arturo Romaní como otros querellados se han amparado en un informe de tasación para justificar la operación.

Sin embargo, aclararon, si se consideraba razonable dicha valoración hubiese sido "aplicable a la compra realizada por Valyser [pagó 600 millones en julio de 1990] y no a la venta [en enero de 1992 y julio de 1993 el grupo Banesto desembolso por dicho paquete 4.400 millones], ya que temporalmente dicho informe está mucho más cercano del momento de la compra que el de la venta".

Los peritos ratificaron el papel de testaferro de Eugenio Martínez Jiménez, quien fuera administrador único de Euman. Juan García Alarcón, su abogado, se ha dirigido al juzgado para solicitar los informes de los peritos y un tiempo para poder leerlos antes de que su cliente preste declaración. El juez había citado a Martínez para el lunes 25, pero su abogado alegó un juicio para un aplazamiento. El juez volvió a citarle para mañana jueves, día 28 de marzo a las 9.30 horas.