Interior ordena a la Guardia Civil que regularice sus archivos informáticos en un mes

La viceministra de Interior, Margarita Robles, ordenó ayer al director de la Guardia Civil, Ferrán Cardenal, que en un mes proceda a la publicación de los ficheros informáticos que posea ,cumpliendo lo fijadop en enero de 1993 por la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos (LORTAD).El instituto armado, que ha mostrado hasta ahora serias reticencias para cumplir este trámite, promovió que el Consejo de Ministros aprobase hace un mes una confusa directriz en la que declara secretos determinados datos de la lucha antiterrorista.

Los archivos informáticos que tiene la Guardia Civil dejarán de estar fuera de control. Al menos, fuera del control de la Agencia de Protección de Datos (APD), organismo oficial encargado de "prevenir las posibles violaciones de la privacidad de las personas derivadas del tratamiento de la información". La viceministra Robles envió ayer un oficio al máximo responsable de la Guardia Civíl, Ferran Cardenal, ordenándole sin ambages que proceda a la publicación de sus archivos. . Juan José Martín-Casallo, director de la API), expresó la semana pasada su inquietud por un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 16 de febrero. En virtud de esta resolución se declaran secretos los datos sobre estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como sus fuentes de información y cualquier otro dato que pudiera revelarlas.El confuso acuerdo gubernativo viene en la práctica a igualar a los servicios de información de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía a los del Cesid (el servicio secreto). Los archivos del Cesid está completamente fuera de control y son totalmente opacos.

Ante las críticas suscitadas por la decisión del Gobierno, fuentes de Interior aseguran que su objetivo no es, encubrir determinados episodios de la guerra sucia contra ETA, ya que no tiene efectos retroactivos, ni entorpecer la labor investigadora de los jueces.

Aclaración de Interior

Según un escrito enviado ayer por Margarita Robles a Martín-Casallo, el acuerdo del Consejo de Ministros "se refiere estrictamente a los servicios de Información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". La viceministra señala en el mismo documento que ese acuerdo no es extendible "a los ficheros automatizados que en la materia disponen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que hay que considerar aplicable el régimen previsto en la Ley Orgánica 51 1992, de 251 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal".El Cuerpo Nacional de Policía cumplió hace más de un año con lo dispuesto en la ley y, en marzo del año pasado, varios inspectores de la Agencia de Protección de Datos revisaron los ficheros informáticos existentes en El Escorial y el complejo policial del barrio de Canillas (Madrid). Cualquier persona que se considere "afectada" puede tener acceso a los ficheros policiales y, en caso de que se le deniegue la autorización, puede interponer recurso ante la APD.

La Guardia Civil se ha resistido hasta ahora a cumplir lo dispuesto por la ley orgánica que entró en vigor en enero de 1993, de forma que todavía no ha inscrito sus ficheros informáticos ante la Agencia de Protección de Datos. En su deseo por seguir manteniendo opacos estos datos, el instituto armado fue quien impulsó a que el Gobierno aprobase el pasado 16 de febrero esa confusa resolución que ampara con el secreto la estructura y otros datos relativos a los servicios de Información policiales.

Margarita Robles ya anunció la semana pasada que obligaría a la Guardia Civil a cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos. Ayer tuvo que hacer valer una vez más su autoridad ante e director general del instituto armado, Ferran Cardenal, para obligarle a regularizar sus ficheros "en el plazo de un mes".

El consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, ya ha comunicado a la Agencia de Protección de Datos que, una vez superados algunos problemas técnicos, inscribirá en breve ante dicho organismo los ficheros informáticos que posee la Ertzaintza (policía autónoma).