El 'Informe de los 100 kilos'

Entre abogados, auditores y banqueros se le conoce con un nombre sugestivo: el Informe 100. La cifra no se refiere al número de páginas. Las dos entregas suman 376 folios. Es otra cosa: los 100 millones que habrían pagado Mario Conde, Arturo Romaní y varios querellados en el caso Banesto a los economistas. Leandro Cañibano, Joaquín Díez Fuentes y Miguel Ángel Garrido por su informe pericial sobre las operaciones presuntamente fraudulentas de la querella que instruyen el juez Manuel García-Castellón y el fiscal Florentino Orti. La cifra de 100 millones es contestada por fuentes amigas de los autores. Dicen que son 54. Al ratificar sus dos trabajos en el juzgado, los economistas han tenido que jugarse estos días su prestigio profesional.Los tres peritos fueron designados a dedo, según rezaba la propuesta del entonces abogado real y formal de Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño, del 12 de julio de 1995, resuelta favorablemente, aprovechando las vacaciones de García-Castellón, por el juez Miguel Moreiras. Más tarde, de regreso, el juez instructor aceptó la propuesta. El 30 de agosto, el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Gerardo Ortega, envió una carta con el nombre de los tres. No hubo insaculación, horrible palabreja que define el rito de extraer al azar los nombres de una lista. Los clientes, es decir Conde y sus amigos, mandaban: era el decano del Colegio quien, debía hacer la designación.

A primeros de septiembre, Gómez de Liaño intentó vender gato por liebre: propuso hacer llegar el dinero al juzgado y que fuera éste quien pagase a los tres pobres economistas. ¿Por qué? Hombre, la opinión pública no daría credibilidad a unos informes pagados por Mario Conde. Razón no le faltaba.

Los peritos han exhibido una capacidad para tragarse todas las coartadas vertidas por los querellados de lujo, Romaní y Conde, ante el juez. Todo lo que no sea una confesión de robo más o menos explícita equivale, para los economistas, a una transacción financiera vulgar y corriente.

El pasado viernes 8, los peritos intentaron ocultar un hecho relevante sobre la vinculación entre Mario Conde y su presunto grupo oculto Euman Valyser, capitaneado por Eugenio Martínez Jiménez. El hecho en cuestión está referido al comienzo mismo de una operación que permitiría a Euman Valyser ganar 3.800, millones con el grupo Banesto.

En su informe, página 8, los peritos hablan de préstamos solicitados por Euman a bancos. "Las relaciones con dichas entidades se han visto apoyadas en algún caso por cartas de patrocinio como la dirigida por Asebur Inversiones [sociedad de Conde] al Banco de Progreso en julio de 1991".

Fue así, pues, que el nuevo abogado de Conde, Juan Sánchez-Calero, preguntó sobre la compra de Isolux:

-"¿En esa operación, de 24 de julio de 1990, existían cartas de comfort letter otorgadas por Asebur?"

-"La comfort letter a que hacen referencia en su informe es, de julio de 1991. La adquisición de las acciones [de Isolux] es de fecha 24 de julio de 1990. Por lo tanto, no existe comfort letter otorgada por Asebur en esta última fecha".

La mentira -existe en el sumario una primera carta de 20 de julio de 1990 que apoya la petición de 300 millones al Banco de Progreso, según advirtió este periódico el sábado 9- tuvo patas cortas. El martes 12, el letrado de Banesto José Antonio Jiménez preguntó a los peritos si se ratificaban o desdecían, puesto que existe una carta antes de la compra del 40% de Isolux.

Los peritos, dijeron que hablaban de cartas de garantía en plural, dijeron que el letrado de Banesto les interrogaba como si ellos fueran los imputados. La tensión crecía. Finalmente, prometieron mirar los documentos.

El miércoles 13, a regañadientes, los peritos:

- "Evidentemente, sí existe". Las relaciones entre Conde y su presunto testaferro, Martínez Jiménez, también fueron objeto de forcejeos. El letrado de Banesto les preguntó si conocían un documento por el cual Conde daba poderes a Martínez Jiménez para vender el 10% de su sociedad italiana Zenith 88 a la sociedad suiza (Kaneko Holding) en julio de 1993. Los peritos dijeron que no lo conocían, más tarde lo admitieron. Aun así no quisieron pronunciarse.

El miércoles, la letrada de Banesto, María Teresa Blanco, preguntó si habían examinado el folio 17.589 (documento de poderes de Conde a favor de Martínez Jiménez).

-"Por tratarse de un documento jurídico y al ser peritos económico-financieros no pueden entrar a valorar el contenido jurídico del documento. Además, está redactado en idioma italiano y no se les puede pedir que tengan tales conocimientos, que en su caso son mínimos, ya que no existe traducción..."

La letrada iba a hablar, pero intervino el juez.

-"Creo que en esa respuesta hay una cierta contradicción. Valorar que es un documento jurídico no es lógico puesto que según afirman no conocen la lengua italiana".

Los peritos enrojecieron. La letrada miró al juez. Reprimió la risa.

-"Su señoría... disculpe, pero el contenido...", dijo uno de los peritos.

Como todo juez que se precie, García- Castellón tuvo misericordia. Le dijo al oficial:

-"Que mi observación no conste en el acta"

Las paredes fueron todo oídos.