Los sindicatos se movilizan contra las privatizaciones de Ruiz-Gallardón

Madrid - 13 mar 1996 - 00:00CET

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT-Madrid están al borde del enfrentamiento con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, del Partido Popular, por su afán de privatizar empresas públicas. Los secretarios regionales de ambos sindicatos, José Ricardo Martinez (UGT), y Rodolfo Benito (CC OO), anunciaron ayer un calendario de movilizaciones para frenar lo que llamaron "cruzada privatizadora" del Gobierno regional. También criticaron la "falta de voluntad política" de la Comunidad para echar a andar la mesa de concertación social, cuya última reunión fue en noviembre. Por su parte, el consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez, admitió este retraso, pero lo justificó por las elecciones generales y los tres congresos sindicales, dos de CC OO y uno de UGT, celebrados entretanto.Para abrir boca, ambos sindicatos han preparado para mañana una concentración de sus delegados en empresas y organismos públicos regionales a las puertas de la Asamblea de Madrid, en cuyo pleno comenzará el laborioso proceso para la privatización de Radio Televisión de Madrid. Para que Telemadrid y Onda Madrid lleguen algún día a estar en manos privadas será necesario, por un lado, que se apruebe mañana, jueves, este proyecto de ley en el Parlamento regional, y por otro lado, que las Cortes Generales modifiquen, a su vez, la Ley de Terceros Canales, que hasta este momento contempla que todas las cadenas autonómicas deben ser de titularidad pública.

"El Gobierno regional nos empuja a este clima de conflicto y movilización", aseguró Rodolfo Benito, "si no abandona esta política de privatizaciones de raíz puramente ideológica, que no tiene nada que ver con problemas reales".

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Los sindicatos critican la privatización parcial de guarderías y residencias

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En el proyecto de privatizaciones del Gobierno regional sólo han sido eliminadas de tal medida las empresas Metro y Canal de Isabel II. Los sindicatos no sólo temen una lluvia de privatizaciones completas de empresas públicas, sino también que pasen a manos privadas, de forma parcial, algunos servicios dentro de los organismos públicos, como pueden ser las escuelas infantiles o las residencias de ancianos. "Queremos evitar que se demonice lo público identificándolo con lo que no funciona, mientras que lo privado sea siempre sinónimo de eficacia económica", continuó Benito.

"El Gobierno debería sosegar esos instintos depredadores de lo público", dijo, por su parte, José Ricardo Martínez. "Vamos a ser inflexibles porque sabemos que tenemos razón" al defender la titularidad pública de servicios y empresas, recalcó Martínez, quien lamentó que con su insistencia en las privatizaciones el Gobierno regional mantiene "una actitud que no sirve para fomentar la confianza", necesaria para que lleguen a buen término las conversaciones de cara a una concertación social en la región. "Hay cosas que no pueden estar en manos de gestores privados porque eso merma los derechos de los ciudadanos", dijo Martínez.

El Gobierno regional controla 16 sociedades mercantiles, como la Inspección Técnica de Vehículos (ITV); 17 centros sanitarios, entre ellos el hospital más grande de Europa, el Gregorio Marañón; cuatro entidades de derecho público, como Telemadrid y Onda Madrid o el Canal de Isabel II; cuatro organismos autónomos mercantiles, como el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), y cuatro organismos administrativos, a saber, los servicios regionales de Salud y de Bienestar Social, la Agencia de Medio Ambiente (AMA) y el Patronato de Áreas de Montaña.

Según Martínez, el acuerdo de concertación social "ha empezado por muy mal camino" después de las primeras reuniones celebradas en noviembre pasado entre Gobierno, patronal y sindicatos, en las que se acordó que el Consejo de Administración del Instituto Madrileño para la Formación (IMAF), donde los desempleados pueden aprender gratuitamente otros oficios, estaría integrado por el Gobierno y los sindicatos en porcentaje similar. Sin embargo, a la hora de la renovación de dicho consejo, Luis Blázquez anunció esta semana que la participación del Gobierno va a ser mayor. "Es un intento de mantener mayorías", denuncian los sindicatos. Blázquez afirmó ayer, al termino de la Comisión de Economía en la Asamblea de Madrid, que "lo decidido se ajusta a los pactos de concertación".

Por otro lado, Luis Blázquez informó también que la reducción del impuesto de matriculación y la recuperación económica han sido la clave para que cada vez haya menos trabajadores del automóvil sometidos a expedientes de regulación de empleo. El porcentaje ha pasado de un 35% a sólo el 7% en Madrid.

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