Farmacia en guerra
POR LA vía de los hechos, algunos farmacéuticos van a conseguir lo que el Gobierno y las principales fuerzas políticas, a pesar de todos sus programas electorales, no han sido capaces hasta ahora de llevar a la práctica: la liberalización del servicio de farmacia y el fin del fuerte corporativismo existente en ese sector en España. Eso es lo que significa, en gran medida, la decisión que han tomado algunos farmacéuticos de Madrid y Valencia de abrir su farmacia al público de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día.La iniciativa ha sido acogida como poco menos que un terrible desafío por los órganos directivos de los colegios farmacéuticos. Y lo es sin duda. Y ya era hora de que se produjera. Porque cuestiona un arbitrario y abusivo monopolio horario que vulnera no sólo las reglas del libre comercio, sino las más elementales exigencias del servicio sanitario a los españoles. De ahí el aplauso que ha merecido la iniciativa por parte de los consumidores, sólo superado por el rechazo con que ha sido recibida por los dirigentes del aparato gremial del sector.
La función social de un servicio -y sin duda la dispensación de medicamentos a la población tiene ese carácter- no puede servir en ningún caso como pretexto para entorpecer su prestación a los ciudadanos en lugar de para mejorarla. Y ese carácter -la función social del servicio de farmacia- intenta ser manipulado como argumento para parar en seco la iniciativa de apertura ininterrumpida de farmacias, en defensa de lo que algunos parecen creer un coto privado por derecho adquirido. El servicio de farmacia, enmarcado en un régimen de concesión administrativa, debe estar ciertamente sometido a normas legales. Pero éstas no pueden amparar situaciones de privilegio contrarias a la competencia tanto en el acceso a ese servicio (libertad de creación de farmacias, liberalización del régimen de propiedad) como en su prestación a los ciudadanos (libertad de horarios, régimen de precios, etcétera ... ).
Si han surgido iniciativas de apertura ininterrumpida de farmacias, es precisamente por la precariedad de la prestación del servicio durante determinadas horas del día, especialmente las nocturnas. Tales iniciativas responden a una necesidad social y a una mejora de la asistencia sanitaria a la población que desconocieron olímpicamente los estamentos directivos de los colegios farmacéuticos al reducir drásticamente hace siete años el número de farmacias de guardia en distintas capitales españolas. Decisión que no impidieron las autoridades sanitarias, descuidando con ello su obligación de velar por los intereses de la sociedad.
La libertad de horario en las farmacias no sólo responde a una necesidad social y una evidente demanda pública. Tiene, además, pleno respaldo legal. Ninguna norma administrativa o disposición colegial puede vulnerar sin más los derechos constitucionales y la interpretación que de su ejercicio hace él Tribunal Constitucional. Y éste ya, ha proclamado que los colegios profesionales pueden imponer horarios mínimos, pero en ningún caso máximos, a la apertura al público del servicio de farmacias. La sociedad española no puede seguir sufriendo el enfeudamiento del Estado a las, presiones y rancios intereses corporativistas. De los farmacéuticos y de cualquier otro colectivo.
