Los nacionalistas estima que el PP irá más lejos que el PSOE en materia autonómica

El Partido Popular (PP) se verá obligado a renunciar a parte de su programa político si quiere gobernar. Así lo reconocen destacados dirigentes de¡ partido, que, en realidad, se quedan cortos, ya que la insuficiente mayoría que el PP alcanzó el día 3 le impedir acometer lo más granado de su plan de reformas. Las que más se habían concretado, como las de la justicia, son inviables. Su pacto con Convergència i Unió (CiU), obligado por lógica política y aritmética, lo impedirá. La paradoja es que que, en el campo autonómico, el Partido Popular está dispuesto a ir más lejos que los socialistas, según deducen los nacionalistas tras la primera ronda de contactos con el negociador de los populares, Rodrigo Rato.

Las promesas electorales más relevantes del PP quedarán en el camino por falta de mayoría suficiente para sacarlas adelante. En el capítulo de la justicia, no habrá elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de las asociaciones de jueces. Tampoco se devolverán al CGPJ sus competencias anteriores. Ni habrá limitación al funcionamiento del Jurado ni modificación del Código Penal. Estas reformas requieren una mayoría absoluta que ningún grupo está dispuesto a con cedérsela al Partido Popular.El PP tampoco podrá imponer sus criterios en la composición de órganos institucionales fundamentales, como el CGPJ y el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, cuya reforma es, además urgente. Tendrá que pactarlos, ya que no alcanza la mayoría necesaria de tres quintas partes. Lo mismo sucederá más adelante, cuando se renueve el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y los restantes organismos institutionales.

La prometida reforma fiscal de bajar el tipo más alto del actual 56% al 40%, una vez cumplidos los objetivos de reducción del déficit público marcados por la convergencia con Europa, tampoco será viable por mucho tiempo. Primero, porque los objetivos de reducción del déficit no se cumplirán hasta el fin de la tercera fase de la Unión Monetaria, esto es, 1999. Y, segundo, porque Convergència i Unió fija una bajada más moderada, del 56% al 48%, próxima a la del PSOE, que establece un 50%.

Reforma educativa

Tampoco encontrará apoyo el Partido Popular en los nacionalistas para privatizar los canales autonómicos, ya que los gobiernos vasco y catalán defienden la televisión pública. Lo mismo sucederá con la reforma del sistema educativo. Ningún grupo apoyará su propuesta de reducir en un año la enseñanza obligatoria y alargar el nuevo bachillerato.

En la política antiterrorista, al PP se le ha caído una de sus principales piezas, la reforma del Código Penal para exigir el cumplimiento íntegro de las penas a los terroristas. No habrá reforma del código; pero, además, un acuerdo de no beligerancia con el PNV exige archivar esa propuesta y asumir la política de reinserción de los terroristas.

Los nacionalistas vascos estiman, tras la primera ronda de conversaciones con Rodrigo Rato, que el PP puede cambiar su actitud ante la lucha antiterrorista. Creen que su dureza crítica sobre la política de reinserción, inaugurada en el verano de 1994, tras el asesinato del teniente general Veguillas, puede trocarse por la comprensión.

Pero la sorpresa mayúscula para los nacionalistas es en materia autonómica. "Están predispuestos a darnos todo lo que pedimos", decía ayer un dirigente nacionalista. La posición del PP aún imprecisa en las conversaciones entre los partidos, experimentará un cambio radical, según las primeras impresiones de sus interlocutores nacionalistas.

El programa autonómico del PP establecía como una de sus piezas básicas el cierre del modelo autonómico en dos legislaturas. Este principio es inaceptable para los nacionalistas, que se niegan a que el modelo autonómico se cierre.

El futuro Gobierno de José María Aznar -que ayer no visitó el monasterio de Silos, en contra de lo que inicialmente se dijo el viernes- tendrá que afrontar, en el caso vasco, el tramo final del de sarrollo del Estatuto de Gernika con una reivindicación muy polémica, la del régimen concertado de la Seguridad Social, así como la dificil negociación del Concierto Económico para otros cinco años. En cuanto a Cataluña, tendrá que afrontar el difícil reto de un nuevo modelo de financiación autonómica, también para cinco años, y hacerlo compatible con las restantes autonomías.