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La "viceministra" fue criticada por abrir diligencias

La secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, ordenó el 17 de junio de 1994 la apertura de diligencias informativas para investigar las presuntas denuncias de torturas y malos tratos sufridas por los detenidos en una redada realizada por guardias civiles de la comandancia de Guipúzcoa.Tras el éxito de la operación contra ETA, esta iniciativa, le valió a la viceministra Robles una lluvia de críticas, al ser interpretada por diversos sectores políticos de la derecha y de parte la prensa (sobre todo por el diario Abc) como un nuevo intento de sembrar la duda sobre los responsables del instituto armado del País Vasco.

El Ministerio de Justicia e, Interior ínformó al Comité de Prevención de la Tortura (CPT), en una carta del 26 de junio de 1994, de la apertura de un procedimento disciplinario. La dirección de la Guardia Civil tramitó el expediente y nombró un instructor para aclarar el caso.

El informe del CPT censura la actuación de la forense adscrita al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y advierte que "dadas las presiones a que pueden estar sometidas las personas detenidas, los médicos forenses no deben necesariamente aceptar como artículo de fe las declaraciones de dichas personas en el sentido de que están siendo bien tratadas. Deben prestar especial atención al estado psicológico de la persona detenida".

El documento certifica también que ninguna de las personas arrestadas "había sido examinada por un médico, en ningún momento, mientras se encontraban detenidas en San Sebastián, según información facilitada por la propia Guardia Civil".

La forense de Madrid observó marcas en el cuerpo de los detenidos, pero indicó que "podían muy bien tener un origen distinto a los malos tratos". En algunos casos no advirtió lesiones que más tarde fueron observadas por los médicos de la prisión donde fueron internados, y, en un caso, por el hospital de Guipúzcoa.

En su descargo, el documento confidencial del CPT subraya que los medios y las instalaciones de los médicos de la Audiencia Nacional "no eran los ideales". El juez Garzón se valió de estos informes para archivar el caso, pese a reconocer que existían signos de violencia. El magistrado interpretó que eran debidos a la violencia de la detención más que a posibles maltratos. De las ocho personas entrevistas por la delegación, sólo dos denunciaron haber recibido golpes al ser arrestado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de marzo de 1996