El tamaño de la Administración une a la izquierda

, La exigencia de reducción del déficit público para que España pueda cumplir los requisitos de Maastricht pone sobre el tapete la polémica sobre la dimensión de la función pública. En los 13 años de Gobierno socialista, a la par que se ha desarrollado un fuerte proceso de descentralización se han creado 100.000 empleos públicos.. La Administración central ha traspasado 400.000 funcionarios a las autonomías pero sólo ha disminuido en 300.000 personas; esto es, ha creado 100.000 empleos.Del grado de descentralización del Estado habla por sí solo el que, de 1982 a 1996, la Administración central se ha reducido desde 900.000 funcionarios a 600.000 (excluidas Fuerzas de Seguridad y Ejército); las autonomías han pasado de 45.000 a 620.000; y diputaciones y municipios, de 165 .000 a 425.000.

El 80% de los 100.000 nuevos funcionarios ha ido a parar a la educación no universitaria y a la sanidad: a desarrollar el Estado del bienestar que, a juicio de los socialistas, estaba muy por debajo de las cotas del entorno europeo. El conjunto de las administraciones públicas españolas gasta, en cifras de 1994, el 47,4% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la media de la Unión Europea alcanza el 52,3%.

El lenguaje del PP, como partido liberal conservador, es más contundente que el del PSOE e IU en cuanto a la contención del crecimiento de la Administración. Pero todos coinciden en la conveniencia de congelar el empleo público, si bien el PP promete una gran reordenación de los funcionarios para hacer más eficaz la Administración.

Los populares están dando desde hace años la batalla a los socialistas en otro terreno, más rentable políticamente: el de los altos cargos. El PP promete ahora la reducción de más de 6.000 de los 8.000 directivos, y en esa cifra incluye a funcionarios, de alto nivel (del 28 al 30). Los socialistas consideran altos cargos sólo aquellos que cesan con el ministro (el escalafón que va desde esta figura a la de los directores generales, inclusive). Esa cifra era de 401 en 1990 y la han reducido a 359 en la actualidad. También alegan que han reducido los ministerios de 17 a 15 des de 1990 y han eliminado numerosas direcciones provinciales por el desarrollo autonómico.

Medidas como la congelación del empleo público se ven acompañadas en las autonomías por el compromiso acordado con la Administración central, en 1992 y 1995, de re ducir paulatinamente su déficit para 1997. Junto a la deuda, los expertos sitúan el problema de las administraciones públicas en, mejorar su productividad. El Gobierno que salga de las urnas tendrá que afrontarlo.