El Constitucional rechaza el recurso de Conde contra la designación de García-Castellón

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo presentado por Mario Conde, Arturo Romaní y otros antiguos directivos de Banesto contra la designación del magistrado Manuel García-Castellón como juez de apoyo del juez Miguel Moreiras, a consecuencia de la cual le correspondió la instrucción del caso Banesto, que se investiga en la Audiencia Nacional. El alto tribunal desmonta todas las alegaciones en las que Conde pretendía fundamentar que tal designación y su posterior prórroga vulneraron el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

El recurso de amparo fue formulado por Conde, Romaní, Enrique Lasarte Pérez-Arregui, César de la Mora Armada, Vicente Figaredo de la Mora y Antonio Sáez de Montagut el 25 de noviembre de 1995, un mes después de que la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo desestimara los recursos interpuestos contra los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de octubre de 1994 y mayo de 1995. La resolución pone fin al intento de Conde de deslegitimar a García-Castellón como sucesor de Moreiras en la investigación penal sobre Banesto.Contra tal decisión no cabe recurso alguno en el ámbito interno y, dada la fundamentación de la resolución -firmada el 14 de febrero por los magistrados del Tribunal Constitucional Vicente Gimeno Sendra, Manuel Jiménez de Parga y Javier Delgado Barrio-, es muy improbable, según fuentes jurídicas, que si Conde demanda a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos este órgano, dependiente del Consejo de Europa y con sede en Estrasburgo, tome en consideración la demanda.

Acuerdo unánime

La resolución notificada ayer, de 15 folios, inadmite el recurso, por unanimidad de los tres magistrados de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional, por estimar que la demanda de Conde carece "manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma".El Constitucional recuerda que cuando el 14 de noviembre de 1994 el fiscal se querelló contra Conde y los otros recurrentes, García-Castellón ya había sido adscrito al juzgado número 3, en comisión de servicios, situación que "estaba y está legalmente prevista". Recuerda también que, previamente, el 30 de septiembre de 1994, Moreiras había comunicado al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, la necesidad de medidas de apoyo, ante "la enorme carga de trabajo que pesa sobre este órgano ju,dicial", dijo. Cuando fue adscrito al juzgado central número 3, García-Castellón se encontraba "a disposición del presidente", desde el regreso a la Audiencia. Nacional de Baltasar Garzón, a quien sustituyó durante el año escaso en que éste se dedicó a la política, tras presentarse como candidato en las listas del PSOE a las elecciones de junio de 1993.

El alto tribunal razona que "la asignación de personal a los diferentes órganos judiciales es una cuestión orgánica que, siempre que se decida aplicando las normas previstas al efecto, en nada afecta al derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley". En consecuencia, estima que la de manda carece de contenido constitucional, "por cuanto no hubo irregularidad alguna en el procedimiento legalmente establecido para la designación del magistrado García-Castellón como magistrado en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción número 3".

A "idéntica conclusión" llega el alto tribunal respecto a la renovación de la comisión de servicios. En cuanto a la omisión de publicidad para que pudieran solicitar el puesto los jueces y magistrados interesados, la resolución señala que, dado que García-Castellón ya se encontraba en situación de juez de apoyo, "hubiera resultado inútil someter dicha propuesta a una publicidad innecesaria en este caso".