Las casas en ruina del centro tendrán al municipio comocomprador preferente.
Arranca una medida para evitar la degradación del centro y la especulación con los edificios arruinados por la mala conservación. El Ayuntamiento de Madrid establecerá en el próximo pleno su derecho de tanteo y retracto cuando un propietario pretenda vender un edificio declarado en ruina. Es decir, tendrá derecho preferente de compra; incluso una vez que se haya enajenado la propiedad en cuestión si no se ha notificado previamente al Ayuntamiento o ha bajado el precio que había ofrecido. Esto tendrá efecto en el ámbito del primer cinturón: del paseo de Rosales a Francisco Silvela y de Cuatro Caminos a Méndez Alvaro.El Ayuntamiento se ampara así en la Ley del Suelo que establece ese derecho durante un máximo de ocho años en zonas en rehabilitación. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, asegura que comenzará a comprar edificios sin dilación y que dispone de dinero para ello. Podría echar mano de hasta 3.000 millones de pesetas este año.
"La recuperación del centro es una prioridad política que nos tomamos muy en serio; con esta medida. se va a garantizar, por un lado, la transparencia en el mercado, con los precios reales, y, por otro, que el Ayuntamiento tenga una posición estratégica para acometer operaciones de esponjamiento en el centro con la credibilidad necesaria ante los vecinos", explica.
Pone como ejemplo el desechado bulevar de Lavapiés proyectado sobre varias manzanas de edificios que los vecinos criticaron hasta paralizarlo porque no querían abandonar el barrio. La Empresa Municipal de la Vivienda dispondría así de inmuebles para realojar a los vecinos del centro que necesite expropiar. De momento, las declaraciones de ruina en el municipio, en general, y en el distrito centro, en particular, se están mirando con lupa. En la última comisión de ruinas (celebrada en diciembre pasado tras nueve meses sin convocarse) se estudiaron 51 edificios, y se aprobó el derribo de sólo 10 de ellos: tres en el Centro.
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Urbanismo anunciará su derecho preferente a los registradores
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Se denegó la declaración de ruina de otras 14 y se remitieron a mejor estudio 27. De los 23 inmuebles que correspondían al distrito Centro sólo se aprobaron tres derribos.
Uno (en San Isidro Labrador, 22,de protección integral) porque había orden de desalojo y declaración de ruina judicial; otro (en Echegaray, 5, catalogado en el Nuevo Plan General) porque existía un convenio de realojo con la Empresa Municipal de la Vivienda para buscar un nuevo hogar a las 12 familias residentes y los tres locales comerciales a cambio de que el propietario abone 2,5 millones de pesetas por vivienda.
La tercera casa (en Lope de Vega, 10, también catalogada en el nuevo plan) tampoco presenta problemas para los inquilinos porque es propiedad de la EMV.
Para llevar a efecto ese derecho de tanteo y retracto (proviene del derecho francés, que lo comenzó a aplicar en los años sesenta, según el. concejal), Del Río asegura que se enviará notificación a los registradores de la propiedad y a los notarios para que lo tengan en cuenta en las transmisiones.
Esto es algo que el grupo municipal socialista pensaba exigir porque lo considera esencial para llevarlo a efecto.
El concejal socialista José María de la Riva señala que su grupo ya había pedido en reiteradas ocasiones que se aplique esa figura, y hasta ahora el PP se ha negado enarbolando la bandera del no intervencionismo en el mercado inmobiliario. Del Río contesta que desconoce las decisiones que tomaron sus antecesores en referencia a este punto.
"Esto es flor de una campana electoral; no nos creemos que vayan a aplicar esa figura jurídica, pero si lo hacen nos alegraremos mucho", declara.Vecinos, a favor
La portavoz de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, María Roces, se muestra de acuerdo con esta medida, pese a que siempre ha apostado por la expropiación de los edificios en ruinas para evitar la especulación de que son objeto por parte de los propietarios y las graves situaciones desde el punto de vista social y humano a que se ven sometidos los inquilinos.
"Este concejal, por lo menos, toma decisiones y establece una línea de actuación y unos criterios coherentes", declara María Roces. "Al menos en lo que respecta a ruinas", matiza.
De momento, el concejal Del Río ha tenido en cuenta las peticiones de Roces para que convoque la comisión de ruinas cada dos meses y para que incluya en esas reuniones a la Empresa Municipal de la Vivienda y a la Oficina del Plan General.
Pero todavía tiene que convencerle para que dé acceso a la concejalía de Servicios Sociales, cuya colaboración cree imprescindible por los efectos que la declaración de ruinas tiene en la vida de los inquilinos de los inmuebles afectados.
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