¿Hay que ponerle precio al agua?

Los ecologistas consideran que no. La manera en que durante las décadas de la dictadura se impuso la construcción de algunas presas y se resolvió la expropiación no ha dejado buen recuerdo entre quienes fueron desalojados de sus tierras. Ahora la oposición de los ecologistas es superior a la de los afectados. Con mayor o menor fundamento, según los casos, defienden a toda costa el statu quo de los ecosistemas.En un país con un régimen pluviométrico como el de España, donde se transita de la sequía atroz a las inundaciones a velocidad de vértigo, la no intervención -regulación- podría causar un buen número de muertos a causa de las inundaciones, o enormes pérdidas en la agricultura más desarrollada.

Después de una intensa regulación en los últimos 45 años, se ha aumentado en 30.000 hectómetros cúbicos la capacidad de los embalses: quedan ya pocos valles cerrados en el territorio nacional para construir nuevas despensas de agua.El PSOE propone aumentar la regulación de cada cuenca de modo que se pueda gestionar con más equilibrio las oscilaciones de los ríos. Del Plan Hidrológico se han eliminado más de un centenar de nuevos embalses y se han sustituido por lo que se denomina "tramos de ríos a regular". Muchos de ellos se han incluido en los llamados pactos del agua regionales como deudas pendientes a la agricultura que deben saldarse antes de hablar de excedentes, como recoge el Pacto del Agua de Aragón.Todavía quedan muchos por hacer para garantizar abastecimientos y usos agrícolas en el Ebro, Guadalquivir, Duero y Tajo, según la diputada popular Loyola de Palacio, partidaria de romper la dialéctica, tan denunciada por los ecologistas, de "construir embalses primero para ver a qué se destinan después". En su opinión, "deben construirse, desde el respeto al medio ambiente y la racionalidad de unas demandas y usos que los justifiquen, y no al revés".

La gran batalla por el agua en España, como en todos los territorios con un clima similar, se produce en torno a la que se usa para la agricultura: un 80% de los recursos nacionales. En California o Israel el porcentaje es similar, de modo que no hay que escandalizarse. El porcentaje sería mucho menor si lloviera como en el norte de Francia o Alemanía.Otro gallo canta cuando se habla de las dotaciones de riego y del coste que supone trasladar el agua a pie de parcela. Hay comunidades de regantes, como las de la margen izquierda del Tajo o la Acequia Real del Júcar que tienen concedidas unas dotaciones exageradas y sólo alcanzan un 0,20 de eficiencia.

Salvo los regantes del acueducto Tajo-Segura, el agua para riego en España se factura por la superficie de la parcela. De esa manera nadie vela por ganar eficiencia en el uso del recurso. Se despilfarra. No importa la que se gaste, porque en muchas ocasiones tampoco se cobra.

El plan de regadíos propuesto por la Administración socialista prevé la implantación de una tarifa en función de las dos variables: la superficie a regar y el volumen de agua consumido.

El Partido Popular apuesta con claridad por facturar el coste de poner el agua en parcela por volumen consumido. "No puede seguir el sistema actual que favorece el despilfarro y desincentiva a quienes ahorran", afirma Loyola de Palacio. La diputada popular dice haber entablado contacto con más de dos centenares de asociaciones de regantes en sus desplazamientos. Le llama la atención la Acequia Real del Júcar, que tiene una concesión medieval de 450 hectómetros cúbicos y una eficiencia de tan sólo 0,2 (sobre 1). Si modernizara su obsoleto sistema de riego, liberaría 225 hectómetros para otros usos y disminuiría en esa cantidad la necesidad del Júcar de recibir aportaciones de cuencas externas.

La pregunta está mal formulada, según Loyola de Palacio. "¿A qué precio y para qué? Los trasvases no hay que hacerlos porque sí. Si el coste de su mantenimiento y explotación se amortizan y hay excedentes, sí, ¿por qué no?". Matiza que hay que precisar dónde y cuándo hay excedentes y no ve la manera de ejecutar un trasvase como el del Duero al Segura sin indemnizar a la industria hidroeléctrica de Portugal, que vería mermada su rentabilidad si se detrae un cierto caudal del Duero. "Se habla de un margen de costes entre las 45 y las 60 pesetas el metro cúbico. A ese precio, los rendimientos por hectárea han de ser superiores a las 250.000 pesetas ¿Quién consigue esos rendimientos?", se pregunta.El PSOE acusa al PP de haber zancadilleado el Plan Hidrológico para evitar confrontaciones con sus socios regionalistas. Para los socialistas, la interconexión de las cuencas hidrográficas es sobre todo una cuestión política, más que otra cosa, en la medida que democratiza y socializa la disponibilidad del agua y actúa de elemento equilibrador entre todas las partes de España.