>Polémica en la Comisión Europea Europea por la politización del expediente sobre Cablevisión

Bruselas amaneció ayer envuelta en polémica. La presentación, por una parte del Partido Popular español (PP), de la carta de los servicios técnicos de la Comisión Europea alos socios de Cablevisión (Telefónica y Canal +) pidiendo que se les notifique oficialmente su proyecto de concentración, como si equivaliese a un certificado de "ilegalidad" fue calificada de "despropósito jurídico" y"desastrosa politización" por altos funcionarios comunitarios. En igual sentido, el comisario Marcelino Oreja sostuvo que "no hay decisión de ilegalidad" aunque sí "hay situación de ilegalidad".

La declaración del portavoz del PP, Miguel Ángel Rodríguez, en la noche del jueves, afirmando que la carta de la Dirección General de Competencia (DG-IV) de la Comisión "demuestra la ilegalidad de la iniciativa emprendida para desarrollar la televisión por cable en España por Canal + y Telefónica", levantó ampollas. Altos funcionarios de la Comisión, próximos al PP y que pidieron guardar el anonimato, calificaron esta declaración de "verdadero despropósito jurídico" y de "desastrosa politización", en comentarios a este periódico. "¡Qué oportunidad han tenido de callarse y no meter la pata!", añadió uno de ellos.Más contenido, pero también ratificando que no se trata de un caso de conculcación del derecho comunitario, el portavoz del comisario de la Competencia, Karel Van Miert, manifestó públicamente: "No tengo recuerdos", al ser preguntado si en los centenares de expedientes anuales había precedentes de que un partido político convirtiese la simple demanda de notificación en una sentencia de ilegalidad.

"Lo único que queremos es que la operación nos sea notificada", reiteró. "No es cuestión de ilegalidad, sino de petición de notificación formal" del proceso de concentración a la institución comunitaria, que se autoconsidera competente para aprobarlo o denegarlo y niega al Tribunal de Defensa de la Competencia español (TDC) -ante el que Telefónica y Canal + presentaron el expediente- la atribución para dictaminar.

El comisario español y dirigente del PP, Marcelino Oreja, ratificó parcialmente a este diarío la misma conclusión: "No hay decisión de ilegalidad", dijo. Pero, en sentido contrario, opinó que sí "hay una situación de ilegalidad", que se daría porque los socios de Cablevisión han realizado la concentración "sin haberla notificado formalmente a la Comisión".

Problema de jurisdicción

El portavoz de Van Miert insistió en que la pretensión de la carta es que la Comisión asuma esa competencia. La misiva se limita, literalmente, a "informar que los servicios de la Comisión entienden que la creación de Cablevisión es una concentración con dimensión comunitaria", apreciación basada en que Canal + Francia tiene una participación en Canal + y que lo controla conjuntamente con PRISA.

Telefónica y Canal + argumentan que la alianza afecta sólo al mercado español, por lo que la competencia es de la autoridad española. "Seguimos en nuestra posición, porque dos tercios del negocio de nuestro socio están radicados en España y consideramos muy débil el punto de vista jurídico de la Comisión", indicó un portavoz de Telefónica. Un representante de Canal + España añadió que es rotundamente falso que exista un control concertado de la empresa entre PRISA y Canal Plus Francia. "Hemos presentado", añadió, "documentación que demuestra que el 100% de los accionistas han depositado la gestión en manos de PRISA. Canal + España, desde el punto de vista del capital, la gestión y el mercado que cubre es enteramente español", añadió.

No habiéndose dictaminado infracción ni incumplimiento del derecho comunitario, no hay multa, ni paralización del proyecto, en contra de lo que han indicado algunas fuentes. El reglamento de concentraciones impone a todos "la suspensión" de llevar a cabo" la concentración durante tres semanas a contar desde que se notifique la operación, recordó el portavoz de Van Miert. Pero se trata de una suspensión genérica para todos los proyectos de asociación que eventualmente tengan "dimensión comunitaria", no de una paralización específica de éste en concreto, a modo de sanción.

Dos opciones

En caso de que las empresas españolas afectadas aceptasen la competencia de la Comisión, ésta dispondría de un mes para dictaminar si, efectivamente, la concentración tiene dimensión comunitaria.

. Al final de ese plazo tendría dos opciones: dar luz verde a la operación o abrir un nuevo procedimiento con alegaciones de las partes. "La experiencia dice que la Comisión es muy prudente en estos casos, para no perjudicar a las empresas", indican diplomáticos españoles.

Pero en la cuestión de fondo, el comisario de la Competencia, Karel Van Miert, no oculta su recelo ante la entrada en el mercado del cable de las compañías telefónicas que aún gozan de monopolio. Sin embargo, la Deustche Telekom y la France Telecom, que son públicas, tienen licencias de cable y cubren el 100% y el 60% de sus mercados respectivos. Telefónica de España, por su parte, tiene un 80% de capital privado.