Bélgica deja libres a los dos presuntos etarras y alega que España planteó mal la extradición

Ministerio de Justicia belga puso ayer libertad provisional a los presuntos etarras Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz y acusó a la Audiencia Nacional española de incurrir en fallos en la petición de su extradición. El matrimonio vaso salió anoche en libertad, a las pocas horas de que el pleno del Consejo de Estado (Tribunal Supremo administrativo) confirmara la anulación de la orden de extradición dictada hace dos semanas por el Gobierno. El Ministerio de Justicia precisó que la liberación no significa que haya renunciado a lograr la extradición de ambos acusados, que Bélgica ya había concedido. Sin embargo, la decisión ha irritado al Gobierno español.

Nada más conocerse el fallo, el ministerio de Asuntos Exteriores convocaba para hoy mismo al embajador belga en Madrid. El argumento del departamento que dirige Carlos Westendorp es que la puesta en libertad de los presuntos etarras, contra los que pesa una orden de extradición, "es difícilmente compatible con los principios de cooperación judicial europea".El traspié es doble. Los dos presuntos etarras están libres, al menos durante una larga temporada, y Bélgica acusa a España de los tropiezos judiciales que está teniendo para conseguir que sus tribunales autoricen las extradiciones. Según el Gobierno belga, la orden de arresto internacional emitida por España acusa a Moreno y García de pertenencia a banda armada y asegura que han dado cobertura y transporte a un comando de ETA. Sin embargo, no hace mención expresa de que gracias a esa cobertura el comando Vizcaya ha cometido un asesinato y otro intento de asesinato.

Estos hechos sólo se detallan en el informe complementario remitido desde España por el Ministerio Fiscal, pero no figuran en la orden de detención dictada por el juez de Instrucción de la Audiencia Nacional. En consecuencia, el Consejo de Estado belga entiende que no se les puede extraditar en base a la Convención Europea contra el Terrorismo.

El problema es que el Consejo de Estado belga ha tomado su decisión de suspender la extradición en base exclusivamente al informe del juez de instrucción, sin tener en cuenta la opinión del Ministerio Público español. El Gobierno belga tiene ahora tres opciones: renunciar a la extradición, mantener la actual petición -y esperar que el Consejo de Estado le dé la razón en el pronunciarniento sobre el fondo de la cuestión, que debe realizar antes de seis meses- o presentar una nueva petición con una base legal diferente.Nueva extradición

Un portavoz del Ministerio de Justicia de Bélgica aseguró que el ministro esperará al fallo del Consejo de Estado, "aunque hay que ser realistas y admitir que la decisión puede ser contraria a la petición del rninistro". Otras fuentes del ministerio daban más crédito a la tercera posibilidad: que el Gobierno retire la actual petición de extradición y la vuelva a plantear en otros términos. Las dos fuentes coincidieron en que podría ser muy útil para el Gobierno belga. recibir documentación adicional remitida desde la Audiencia Nacional española en la que se precisen los delitos de que acusa a los presuntos colaboradores de ETA.Moreno y García fueron detenidos por primera vez en su domicilio de Vílvoorde, a las afueras de Bruselas, el 13 de junio de 1993. El Gobierno belga. daba así el primer paso para proceder a su extradición a petición de España, que les acusaba de haber dado cobertura al comando Vizcaya de ETA que asesinó a un policía en 1992 y cometió otro intento de asesinato.

El primer tropiezo judicial se, dio cuando ambos pidieron asilo político en Bélgica y su petición fue admitida a trámite por el Comisario Real para los Refugiados políticos. Como consecuencia de ello, una juez decretó su puesta en libertad el 8 de diciembre de ese mismo año. El comisario Bossuyt se pronunció finalmente en contra de la petición de asilo el 17 de febrero de 1994, pero su dictamen fue recurrido por los defensores de Moreno y García. El recurso, fallado el 11 de enero pasado, confirmó que no había lugar a la concesión de asilo político, por lo que ambos fueron de nuevo detenidos y Bélgica dictó orden de extradición contra ellos.

Pero sus abogados ganaron la primera batalla al conseguir primero que el auditor (fiscal) del Consejo de Estado se pronunciara en contra de la extradición por entender que no les era aplicable la Convención Europea contra el Terrorismo tal y como la había planteado el Ministerio de Justicia belga. Esta decisión fue ratificada después por el presidente del tribunal del Consejo de Estado y ayer por el plenario de esta institución, formado por tres jueces. Todas estas decisiones se refieren a la suspensión de la extradición, y no al hecho de si esta procede o no.

Pero las argumentaciones del Consejo de Estado hacen pensar que la extradición será negada si el Gobierno belga no aporta nuevos datos que relacionen a Moreno y García no sólo con ETA, sino con la comisión de delitos gracias a su colaboración con la banda armada.