El alcalde alega una norma inexistente contra el 'nuevo' mercado de Santa Ana

José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, aseguró ayer que no se puede autorizar un nuevo mercadillo de artesanía en la plaza de Santa Ana -aunque el Supremo haya dado la razón a los artesanos expulsados de allí hace seis años- porque la ordenanza municipal "sólo permite un mercadillo por distrito".Sin embargo, la Ordenanza Reguladora de la Venta en la Vía Pública y Espacios Abiertos (abril de 1986) no sólo obvia cualquier referencia al número de mercadillos por distrito, sino que, además, consagra expresamente hasta dos o tres en uno solo. De hecho, ocho distritos cuentan ahora legalmente con más de uno.

Además, si esa norma se aplicase, no podría coexistir el Rastro (único mercadillo que acepta expresamente la ordenanza) con el que se instala de pintura cada fin de semana en la plaza del Conde de Barajas o el mercado de sellos de la plaza Mayor. Y cuando el Ayuntamiento decidió desmantelar el rastrillo diario de la plaza de Vara del Rey, trasladó a los vendedores a otra calle del distrito Centro: la del Rosario.

Sí veta esa ordenanza la instalación de nuevos mercadillos en 10 distritos, entre ellos el del Centro, pero abre la posibilidad (artículo 19). de autorizar en ellos mercadillos sectoriales: "El Ayuntamiento podrá acordar ( ... ) la instalación de mercadillos sectoriales para lograr la revitalización comercial de un sector artesanal o de interés para la ciudad", señala.

El propio tribunal utiliza ese artículo en su sentencia, y califica el dato de "esencial" para avalar el derecho de los artesanos a contar con un mercadillo.

Asimismo, se refiere expresamente a la posibilidad de que los vendedores insten al Ayuntamiento a que se les otorgue la oportuna licencia al amparo de ese artículo de la ordenanza para que vuelvan a tener un mercadillo, porque ahora "no se trata de una regularización, sino de una nueva instalación, dado el tiempo transcurrido".

Además de ese supuesto argumento legal, Álvarez del Manzano aduce razones de espacio para vetar la vuelta de los vendedores a la plaza: "Físicamente es imposible que vuelvan allí los artesanos", aseguró; "hay que tener en cuenta que se trataba de un mercadillo que no estaba autorizado en su con junto".

Ahí sí le da el Supremo la razón al alcalde. El texto del fallo emitido asume que ese mercadillo fue autorizado el 1 de junio de 1982 por un periodo de seis meses, pero siguió funcionando "a título de precario por mera tolerancia municipal" hasta 1989.

"Aun no existiendo licencia ( ... ), el Ayuntamiento es consciente de la continuidad del mercadillo" porque "la Agrupación de Artesanos ha satisfecho impuestos al municipio en 1988 y 1989" por tener allí sus puestos.

El Supremo añade que se intentó regularizar la situación del mercadillo con una propuesta aprobada en el pleno de la Junta de Centro de abril de 1989. Pero cuando se elevó al pleno del Ayuntamiento no llegó a debatirse "por no haber asistido el representante de la asociación de artesanos".

El Ayuntamiento piensa ofrecer un céntrico local a los artesanos para tienda y taller

En octubre (una moción de censura había sustituido en mayo al equipo de gobierno del PSOE por otro de la coalición CDS-PP presidido por el centrista Agustín Rodríguez Sahagún) el entonces edil de Centro, Ángel Matanzo, desmanteló el mercadillo. Arguyó que se traficaba con droga en algunos de los puestos y condenó al mercadillo entero.

Para ello "no existió ningún acto administrativo" y la Policía Municipal se amparó sólo "en una orden verbal" del concejal, zanja el Supremo.

El tribunal señala que la actuación correcta hubiese sido la de "requerir por escrito y con las debidas garantías procedimentales a la asociación actora para que se abstuviera de celebrar el mercadillo hasta que tuviese título habilitante para ello".

Y añade que la regularización hubiese sido posible no sólo por el carácter artesanal del mercadillo, sino también porque la ordenanza de 1986 que prohibía la instalación de rastrillos, salvo los expresamente permitidos, "sólo afecta a los mercadillos 'nuevos', sin que pueda considerarse como tal el de Santa Ana, que se encontraba en funcionamiento".Demanda por daños

A pesar de que el Supremo no reconoce el derecho de los artesanos a percibir indemnización por el desmantelamiento del mercadillo de Santa Ana (puesto que ejercían la actividad en precario), sí abre la posibilidad de que los afectados demanden al Ayuntamiento "por los daños concretos eventualmente causados a las personas y a los bienes por la actuación de la Policía Municipal".

A los comerciantes que rodean la plaza no parece haberles beneficiado en nada el desalojo de los artesanos ni la inversión de 50 millones de las arcas municipales en su arreglo. José Arenal, encargado de la pastelería La Suiza (propiedad de un hijo del ex concejal del PP Venancio Mota), asegura que el negocio ha bajado bastante con la desaparición del mercado de artesanía. "Antes, los sábados [día en que se celebraba el rastrillo] venía un montón de gente y había más ventas", señala.

La solución que aporta el Ayuntamiento a los artesanos desalojados del mercadillo de la plaza de Santa Ana en el otoño de 1989 pasa por un local de la ribera de Curtidores. La concejal del distrito Centro, María Antonia Suárez, del PP, así lo adelantó ayer: "Hay unas galerías en la ribera de Curtidores, pertenecientes a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), en el que intentaremos colocar a unos 40 artesanos con un alquiler bajo", afirmó Suárez. "Eso sí, tendrán que probar que son artesanos de verdad, no sólo vendedores, y que no tienen ningún puesto ya en el Rastro; el local podrá servir tanto para venta como para taller", añadió la concejal, que todavía desconoce cuánto costaría alquilar el local y qué condiciones se necesitan para optar a él: "Eso son cosas de la Empresa Municipal de la Vivienda".

La concejal dijo esto después de que terminara el pleno de esta junta municipal. Durante la sesión, el PSOE había propuesto que el Ayuntamiento indemnizara a los artesanos. Los representantes del Partido Popular, mayoría en este distrito, no secundaron la moción: "La sentencia del Tribunal Supremo no dice que tengamos que indemnizar a nadie", sostuvo Pedro Bujidos, portavoz del PP. Eugenio Morales, portavoz del PSOE, especificó después: "Yo no hablo de que la indemnización sea o no legal; no lo ordena la sentencia, eso está claro. Digo que moral y políticamente se ha perjudicado a esta gente y que el Ayuntamiento tiene que resarcirles. Aunque la sentencia no lo diga. Es un deber nuestro, del Ayuntamiento".

Apoyo de IU

Morales, cuya moción recogió el apoyo de los tres concejales de Izquierda Unida presentes en el pleno, añadió que su grupo pedía "el restablecimiento del mercadillo en la plaza de Santa Ana". La portavoz de Izquierda Unida, Marisa Castro, estuvo de acuerdo: "Mi grupo quiere una ciudad viva".

Sin embargo, María Antonia Suárez se mostró tajante en impedir que los artesanos se instalen otra vez en la plaza de Santa Ana. "Eso está desestimado. El artesano que se instale será desalojado por la policía. La sentencia del Tribunal Supremo indica que el desalojo no fue legal, pero no da permiso para que se coloquen los vendedores", apuntó la concejal.

Durante el pleno, celebrado ayer por la tarde, María Antonia Suárez había manifestado por qué el mercadillo de la plaza de Santa Ana no volvería a ser levantado: "La normativa es clara: no puede haber más de un mercadillo en cada distrito. Y nosotros ya contamos con uno muy especial y muy conocido: el Rastro".

Eugenio Morales argumentó lo contrario: "El distrito Centro y el Rastro son un distrito y un mercadillo muy particulares; por eso esa normativa no tendría que servir aquí". "Yo lo que pido", añadió el concejal socialista, "es que el problema se ' discuta con los artesanos. Que el Ayuntamiento se interese por ellos y se reúna con ellos".

A este respecto, Suárez replicó que ella se había preocupado por la suerte de muchos de los vendedores desalojados: "A sensibilidad no me gana nadie. Yo sé qué ha sido de muchos de ellos", señaló al edil del grupo socialista.