La Junta desoyó hace un año la petición de acoger a los menores del 'caso Arny'.

La juez del caso del pub Arny, María Auxiliadora Echevarri, pidió a la Junta de Andalucía que se hiciera cargo de los menores implicados en la red de corrupción desmantelada a finales de octubre en Sevilla, sin que la Administración autonómica diera respuesta alguna. Fuentes judiciales expresaron ayer su malestar por Ia falta de colaboración de las consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales y de Gobernación, que fueron informadas de la situación de los jóvenes al comienzo de la investigación, en febrero de 1995. Asuntos Sociales aún busca el escrito de la juez y reiteró ayer que desconocía el asunto.

La juez, que, ayer prorrogó por un mes el secreto del sumario, ha mostrado su disgustó por el silencio de la Junta durante meses y porque ahora, una vez que el asunto ha saltado a la prensa, la Administración autonómica se haya apresurado a anunciar su personación en la causa 540/95A.Las inmediaciones del pub Arny aparecieron ayer con pintadas ultraderechistas y con frases despreciativas e insultantes hacia los homosexuales. Algunos colectivos de gays han hecho públicos en el fin de semana comunicados en los que muestran su repulsa por la vinculación que se está haciendo en algunos sectores entre homosexualidad y corrupción de menores.

El consejero de Asuntos Sociales, Ramón Marrero, negó que su departamento hubiera tenido noticias del caso Arny hasta que saltó a los medios de comunicación, hace una semana, pese a que este periódico publicó en noviembre que había sido desmantelada una red de corrupción de menores en el citado club.

Marrero se comprometió a localizar el escrito judicial y apuntó que las competencias recaían directamente sobre la Delegación Provincial, que dirige Aurora Atoche Navarro. Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con la delegada y con la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín -de viaje en Madrid-

Fuentes de Asuntos Sociales indicaron que no tenían conocimiento de que alguno de los menores implicados en el caso hubieran sido asistidos en los servicios sociales de la Junta. Estos medios desconocían si se había hecho algún tipo de seguimiento a los menores que estuvieron internados en el correccional de La Jara (Alcalá de Guadaira, Sevilla) y que se han visto involucrádos en la red de corrupción.

Tampoco la Unidad de Policía adscrita a la Junta -dependiente de Gobernación pero con sede en el edificio de Asuntos Sociales- ha recibido hasta el momento instrucción alguna para dar protección a los jóvenes.

El objetivo de la juez era tener controlados a los jóvenes, preservar su intimidad y evitar supuestas presiones sobre ellos por parte de los imputados en el caso, para lo que pidió que la Junta los recogiera en algún centro oficial. Ayer mismo, dos jóvenes implicados en el caso acudieron al juzgado y conversaron con los periodistas, mientras que un tercero prestaba declaración ante la juez y era sacado del edificio tapado con una cazadora.

La fiscalía de Sevilla ha advertido a los medios de comunicación presentes en el juzgado que perseguirá cualquier filtración que identifique a los menores involucrados en el caso.

. Mientras, las diligencias siguen secretas y el goteo de nombres continúa. Todos los medios de comunicación están recibiendo llamadas de comunicantes anónimos que dicen conocer perfectamente los nombres de todos los implicados en el caso.

Asimismo, han indicado que la Fiscalía de Menores está analizando la situación de tutela de los menores para conocer el nivel de protección familiar que poseen. Estos medios han indicado que se han detectado casos de "padres consentidores y padres ignorantes" de lo que hacían sus hijos en el Arny.