ETA asume, el secuestro del funcionario de prisiones

El funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, desaparecido el miércoles en Burgos, está secuestrado por ETA. Así lo reconoció ayer la viceministra de Interior,Margarita Robles quien señaló que todas las investigaciones, apuntan en esa dirección, "aunque por el momento ningún dato objetivo" lo avala. Las sospechas, que se basan en una llamada anónima al diario Egin, inducen a pensar que ETA nopretende obtener un rescate, sino chantajear al Gobierno para que ponga fin a la dispersión de los presos etarras. El ministro Juan Alberto Belloch garantizó anoche a los funcionarios que el Gobierno no cederá a estas coacciones. Es la primeravez que la banda mantiene dos secuestros simultáneos: José María Aldaya sigue en su poder tras 258 días. También es el primer secuestro cuyo móvil no es el dinero desde el del capitán Martín Barrios, en octubre de 1983, que acabó asesinado.

La banda ha irrumpido en la carrera electoral del 3 de marzo con el secuestro de un funcionario de prisiones militante del Partido Popular. La confirmación de que José Antonio Ortega Lara, empleado en la prisión de Logroño y residente en Burgos, de 37 años, está en manos de la banda se produjo ayer, el mismo día en que HB decidía en Vitoria acudir a las próximas elecciones generales.El secuestro culmina una intensa campaña de HB y su entorno, salpicada de violentos incidentes callejeros, en demanda del reagrupamiento en cárceles vascas de los casi 600 presos etarras dispersos por toda España.

Todas las cárceles estaban en situación de alerta ante la posibilidad de que ETA realizase un atentado con el objetivo de presionar al Gobierno para que cambie su política carcelaria.

La Secretaría de Estado de Interior cursó el pasado domingo una circular a Ásuntos Penitenciarios en la que recomendaba que se extremasen la seguridad de los penales y de los propios funcionarios ante las noticias que hacían temer un asesinato. La Policía no había barajado, sin embargo, la posibilidad de un secuestro.

En la reivindicación realizada anónimamente el pasado viernes a través de Egin, el comunicante, que dijo que "en pocos días habrá más noticias", habló de la "desaparición" de José Antonio Ortega, pero en ningún momento se refirió a su "arresto", que es la denominación habitual con que la banda se refiere a los secuestros. Este detalle desconcertó a los responsables de Interior que, no obstante, a mediodía de ayer acabaron aceptando la veracidad de la reivindicación.

Otro hecho que inicialmente hizo dudar a Interior sobre la implicación de ETA es que en la prisión de Logroño, donde está destinado Ortega y en la que se encuentran recluidos diez etarras, suele ser la antesala de los activistas dispuestos a renunciar a la violencia y a reinsertarse.

Es decir, Logroño es uno de los purgatorios previos a su traslado a Nanclares de Oca (Álava), prisión donde se concentran los terroristas arrepentidos.

Huellas en el coche

El coche del funcionario, un Opel Astra de color blanco, matrícula de Burgos, fue encontrado el jueves en el polígono industrial burgalés de Gamonal, bien estacionado y con las puertas abiertas, aunque sin signos de violencia. Jose Antonio Ortega desapareció en el trayecto de vuelta desde Logroño, donde trabaja, a Burgos, donde reside. El hecho de que en el maletero se encontraran sus gafas hace pensar que fue encerrado dentro del mismo por sus captores.

El comisario jefe de Burgos, Jesús Ramos, afirmó que el funcionario tiene "una vida limpia, familial y transparente", por lo que se descartó desde el primer momento que el secuestro obedeciera a una venganza atribuible a delincuentes comunes.

Ramos agregó que el estudio de las huellas dactilares halladas en el coche de Ortega no ha finalizado y que mañana, lunes, se espera la llegada a Burgos de aparatos de precisión para analizar otros indicios en el automóvil, Como pelos o fibras de tejidos.

El funcionario secuestrado, perteneciente al Cuerpo Especial de Prisiones y estudiante de cuarto de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), está afiliado al PP y en las últimas elecciones actuó como interventor de dicho partido en una mesa electoral.

Aunque no es un militante destacado ni tiene cargos de responsabilidad en, el partido que dirige José María Aznar, está adscrito a la Comisión de Sanidad del PP en Burgos y la policía cree que ETA probablemente conocía su militancia política.

Casado y padre de un hijo de tres años, Ortega iba a ser ascendido y en breve sería trasladado a un nuevo destino en Soria, según fuentes penitenciarias.

A media mañana de ayer, la Policía informó a la familia de Ortega sobre la llamada de ETA asumiendo el secuestro. Por la tarde, visitó el domicilio del funcionario el director de la Policía, Ángel Olivares, informa Miguel Calvo desde Burgos. Isaac Díez, cuñado del secuestrado y portavoz de la familia, conoció la noticia por una llamada de Radio Nacional. Reiteró que su cuñado no tenía contacto directo desde hace meses con los presos, ya que trabajaba en las oficinas, lo que incrementa la extrañeza por lo ocurrido. Manifestó que toda la familia, y especialmente la esposa del secuestrado, se encuentra muy afectada, aunque mantiene la esperanza.

Llamamiento

Díez hizo un llamamiento "para que todos aquéllos que pidan dar algún tipo de información la faciliten y que cualquier persona que haya visto alguna cosa, o le haya visto a él en algún momento a partir de la fecha de la desaparición, que llame a la Policía".

La gobernadora civil de Burgos, Violeta Alejandre, se limitó a dar lectura a un comunicado oficial en el que anunciaba que la Policía centrará ahora su labor en la localización del secuestrado y en la detención de los autores, intensificando el trabajo: "Desde la sociedad, entendemos que la respuesta debe ser la unidad frente a los violentos".

Es la primera vez que ETA militar mantiene secuestradas a dos personas al mismo tiempo. En febrero de 1981, ETA político-militar secuestró durante ocho días a los cónsules de Austria, El Salvador y Uruguay en Bilbao y Pamplona, aunque entonces era el mismo comando el que mantenía retenidos a los tres secuestrados, lo que no parece el caso actual.

La Policía cree que los secuestradores del funcionario pueden ser los mismos que han perpetrado recientes atentados en distintas localidades de Castilla y León, como Salamanca y León.

Otra diferencia respecto a secuestros anteriores es que éste no parece obedecer a motivaciones económicas. Desde que, en octubre de 1983, los octavos secuestraron al capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios y exigieron no dinero, sino la difusión de un comunicado para liberarle, el rescate ha sido siempre el móvil de los terroristas. Martín Barrios apareció muerto, al igual que el ingeniero José María Ryan, a quien ETA militar asesinó en febrero de 1981, ocho días después de secuestrarlo demandando la paralización de la central nuclear de Lemóniz.

Según fuentes policiales, el secuestro de Ortega sólo puede servir para presionar al Gobierno a cambiar su política de dispersión de los presos de ETA, convenciendo a éstos de que la banda no les ha abandonado a su suerte.

En los últimos meses se había creado la expectativa, entre los reclusos y sus familiares, de que el fin de la dispersión estaba próximo. Sin embargo, el atentado de ETA en Vallecas el pasado 11 de diciembre, con seis muertos, frustró toda posibilidad de distensión entre el Gobierno y la banda terrorista, cuya primera muestra hubiera sido, de un lado, el acercamiento al País Vasco de los presos, y de otro, una tregua.