Móner citará esta semana a los abogados del 'caso GAL'

El magistrado Eduardo Moner, instructor de, la Sala Segunda del Tribunal Supremo para el caso GAL, convocará, previsiblemente para el próximo jueves, la audiencia para que los abogados de las partes personadas en la causa se pronuncien sobre la petición de prisión incondicional -ingreso en la cárcel sin posibilidad de fianza-, formulada por los abogados de la acusación popular.Fuentes del Tribunal Supremo aseguraron que ayer no se había producido la convocatoria de los abogados, por lo que hoy no será posible que se realice la audiencia, y el miércoles Eduardo Móner forma parte del tribunal que tiene. previsto- juzgar al senador del Partido Popular (PP) José Castro Álvarez por los delitos de amenazas. e injurias. Así que la convocatoria a las partes no se prevé, como pronto, hasta el jueves.

En la convocatoria, los abogados tendrán que opinar sobre la petición de prisión incondicional formulada por los abogados José Luis Galán y Teodoro Mota, que ya fue planteada el pasado día 13 de diciembre y. que el juez Móner desestimó entonces.La acusación popular reiteró su solicitud el pasado viernes, después de haber finalizado los careos que Barrionuevo ha venido manteniendo con el ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal, el ex jefe del Mando único de la Lucha Contraterrorista Francisco Álvarez, y el ex secretario general de los socialistas vascos Ricardo García Damborenea.

Fundación de los GAL

La acusación solicitó contra el ex ministro no sólo la prisión incondicional y sin fianza, sino también su procesamiento como presunto fundador y director de una banda terrorista, y por delitos de detención ilegal y malversación de fondos. Según fuentes del Supremo, una medida tan drástica. como el ingreso de, Barrionuevo en prisión sin fianza parece estar descartada, si bien el juez puede adoptar en cualquier momento algún tipo de medida cautelar si lo considera necesario.La audiencia solicitada por la acusación popular para debatir la petición de prisión no afecta a la de un eventual procesamiento, que previsiblemente precisaría de un plazo más dilatado para ser decretado por el juez.