Coches menos caros

HACE DOS años, el 1 de enero de 1994, el Gobierno se vio obligado a reducir la fiscalidad sobre el precio de los automóviles del 33% al 15%. La armonización del IVA entre los países de la Unión Europea, en el que descollaba el altísimo tipo impositivo español, obligó a esta reducción, inmediatamente compensada en el capítúlo de los ingresos del Estado con la creación de una nueva tasa, el impuesto de matriculación sobre vehículos, que venía gravando el 13% del precio.El año que ahora termina, concluido el Plan Renove, ha significado una caída del 10% en las ventas, con efectos negativos directos sobre el empleo e indirectos sobre los ingresos fiscales, cuando las previsiones oficiales eran de un crecimiento del mercado entre el 5% y el 7%. Los fabricantes de automóvil han venido reclamando la eliminación, o como mínimo la reducción, del impuesto sobre matriculación, mientras el Partido Popular incluía en su programa, en mitad de año, una reducción del 5% en la fiscalidad, en términos muy parecidos a los ahora adoptados.

Ello explica que el Gobierno se haya decidido ahora, al tiempo que prorroga los presupuestos, a reducir en cinco puntos del 28% al 23%- el tipo impositivo final sobre los vehículos de hasta 1.600 centímetros cúbicos, que representan la mitad del mercado y la casi totalidad de la fabricación española. La medida, que supone un ahorro medio de 52.000 pesetas por unidad, ha sido concertada con los fabricantes para garantizar que los planes de regulación de empleo en marcha queden reducidos a su mínima expresión. La medida tendrá así efectos directos sobre el empleo y conducirá, si el consumo aumenta en los niveles previstos, a una recuperación en los ingresos del Estado similar a la disminución directa producida por el recorte de la tasa.

El Gobierno ha tardado mucho en percibir los "efectos de la alta fiscalidad sobre el sector, que ha llegado este año a niveles de disminución de ventas análogos a los de 1993, en el momento de crisis más aguda. Parece claro que ahora se quieren evitar las grandes regulaciones de empleo previstas en el sector y sustraer bazas del programa electoral al Partido Popular. Del sector del automóvil dependen no sólo sus numerosos puestos de trabajo, sino los de la industria auxiliar y del sector de distribución, por lo que la desaparición de puestos de trabajo en las plantas de fabricación tiene efectos devastadores, en el conjunto del sistema productivo y comercial, difícilmente soportables en campaña electoral.

Por eso hay que reconocer el acierto del ministro Solbes al advertir a los fabricantes que no intenten aprovechar esta rebaja en la fiscalidad para subir los precios de fabricación. El beneficio de la medida adoptada por el Gobierno, que debería hacerse notar en un repunte de las ventas, sólo se dejará sentir si el comprador tiene la posibilidad real de ahorrarse una cantidad nada desdeñable en la compra de un vehículo nuevo. Bajar un concepto para subir otro es un truco del que deberían huir los fabricantes y que conviene que vigile el Gobierno.