El Gobierno admite a trámite el 55% de las demandas de asilo presentadas en frontera

El 55% de las 286 demandas de asilo presentadas durante los nueve primeros meses del presente año en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos ha sido admitido a trámite, según informó ayer el Ministerio de Justicia e Interior. Este rebatió ayer las quejas formuladas por Antonio Rovira, adjunto al defensor del Pueblo que, en una carta enviada a la viceministra de Interior, Margarita Robles, indicaba que "cada vez con más frecuencia" se rechazaban las peticiones de asilo casi sistemáticamente y con vagos razonamientos.Un portavoz aseguró ayer que la Secretaría de Estado de Interior "no quiere entrar en polémicas con el Defensor del Pueblo". Sin embargo, el mismo portavoz agrego que sus datos indican una situación diferente a la que refleja el defensor, como prueba que en los tres primeros trimestres se hayan admitido a trámite 158 peticiones de asilo cursadas por extranjeros en los puestos fronterizos.

Interior informó que durante ese periodo se rechazó la admisión a trámite de 128 peticiones de asilo por resultar "manifiestamente infundadas". La causa más frecuente de la inadmisión se debe a que la solicitud se basa en motivos no recogidos, entre los que dan derecho a la concesión de asilo. Por ejemplo, que en su país no hay trabajo.

El ministerio de Juan Alberto Belloch sostiene que todas las solicitudes de asilo se estudian a fondo, en contra de lo que afirma el Defensor del Pueblo, y que el proceso está garantizado por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Denegación excepcional

El adjunto al defensor del Pueblo, Antonio Rovira, entiende que el derecho de asilo está en íntima conexión con otros fundamentales, como el derecho a la vida y a la libertad. Por tal motivo, en la carta enviada a la viceministra Robles escribe que "sólo en supuestos muy excepcionales puede denegarse a un solicitante de asilo la admisión a trámite de su petición".La Oficina de Asilo y Refugio dependiente de Justicia e Interior permitió quedarse en España a siete personas, entre enero y septiembre pasados, "por razones humanitarias". Así suele actuar cuando se trata de cubanos o gitanos rumanos.