Filesa, a punto

EL 'CASO Filesa' ha dejado de ser un sumario interminable y enredado en sí mismo durante cuatro largos años. El juez del Supremo Enrique Bacigalupo, que tomó las riendas de la investigación de las manos del juez Barbero tras abandonar éste la carrera judicial, lo ha situado a las puertas del juicio oral. Ahora ya se sabe que este caso emblemático de corrupción no quedará impune; también quiénes se sentarán en el banquillo de los acusados y cuáles son los delitos a que deben responder.En el auto de apertura del juicio oral, Bacigalupo delimita el marco definitivo en el que se dilucidará el caso Filesa ante los tribunales. De entrada, sólo siete de las 39 personas inicialmente implicadas comparecerán a juicio. Y de la retahíla de delitos previsiblemente cometidos en torno al montaje empresarial creado para financiar irregularmente al PSOE han quedado en pie los de falsedad en documento mercantil, emisión de facturas falsas, delito electoral y delito fiscal. Ello ha permitido al abogado de uno de los cargos socialistas imputados afirmar que "la causa ha quedado reducida a una entidad pequeña". Pero no tan pequeña, y menos para el PSOE.

De los siete imputados, seis ejercen o han ejercido funciones de cierto relieve en la estructura organizativa del PSOE. En el caso del actual senador y dirigente del PSC-PSOE Josep María Sala, esas funciones han sido de dirección. Y, de otro lado, los delitos de que se les acusa son prácticamente los mismos que centraron desde el inicio la investigación judicial sobre la actividad de Filesa, Malesa y Time-Export. Sigue en pie, pues, la presunción fundada de que el PSOE se financió irregularmente con cantidades provenientes de empresas y bancos a cambio de facturas por servicios inexistentes, si bien, como afirma el juez Bacigalupo, este hecho no es delictivo por sí mismo, de acuerdo con el ordenamiento español vigente. Pero sí es delito todo el tejemaneje documental creado para enmascarar esa financiación, así como la inevitable elusión del pago de impuestos y la manipulación de cuentas electorales con el objeto de no dar pistas.

Incluso la retirada de la acusación contra el antiguo secretario de finanzas y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE Guillermo Galeote no cancela la cuestión de las responsabilidades políticas de ese partido por el entramado montado para su financiación irregular. Los cargos socialistas que siguen acusados dan pie sobradamente a la exigencia de esa responsabilidad. De otro lado, la financiación irregular de las elecciones legislativas y europeas de 1989 queda suficientemente acreditada, de momento, con la acusación al antiguo coordinador electoral del PSOE Ramón Moreda.

Son exculpados, en cambio, los directivos de empresas y bancos que se prestaron a realizar la contribución económica convenida. Pero justamante éste era uno de los puntos más discutidos de la dilatada instrucción del juez Barbero: equiparar penalmente las conductas del chantajista y el chantajeado. Bacigalupo no ha considerado que deban sentarse en el banquillo personas que, en todo caso, se sometieron a un requerimiento que, por venir del partido del Gobierno, tenía más de chantaje o presión que de intento de soborno por su parte.