Pacto antiterrorista

UNO DE los efectos del terrorismo es la división que introduce entre los demócratas. La violencia, especialmente si es indiscriminada, suscita una gran ansiedad social, y ello lleva, por una parte, a buscar culpables conocidos, identificables, sobre los que descargarla, y, por otra, a plantear propuestas más o menos improvisadas -y a veces descabelladas- de solución por la vía rápida: la negociación, o que resucite el GAL, o que les den lo que piden y nos dejen en paz. Los políticos se ven afectados por esa presión y el resultado es la fractura del frente democrático. Nadie suele congratularse más de esas fricciones que el entorno político de ETA, como lo puso ayer mismo de manifiesto un portavoz de HB.La fontera de esa ruptura suele producirse entre los partidos nacionalistas y los que no lo son. A veces, también entre los del Gobierno y los de la oposición. De ello se tomó conciencia, tanto en la prensa como entre los partidos, hace unos ocho o diez años. El Pacto de Ajuria Enea, y su proyección en el de Madrid, fue la respuesta a ese problema.

Lo esencial del pacto era la reafirmación por parte de los firmantes de su condición de demócratas por encima de cualquier otra condición, y, en cuanto tales, su rechazo a cualquier intento de sacar ventaja de los efectos de la violencia. El mensaje dirigido a ETA era que, en las actuales condiciones, ningún objetivo político imaginable justificaba el recurso a la violencia y, que por tanto, ninguna concesión arrancada mediante ella sería aceptada por los partidos democráticos. Ese compromiso se trasladó a la sociedad y durante algunos años fue visible la unidad de las fuerzas democráticas frente a ETA.

La ansiedad creada por los recientes a tentados de Itsasondo, Madrid y Valencia ha exacerbado las diferencias que en los últimos meses se habían manifestado respecto a la forma de hacer frente al terrorismo. Diferencias apreciables no sólo entre los partidos, sino en el conjunto de la población. La agresividad se ha dirigido sobre todo contra el PNV. Junto a críticas razonables ha habido otras desmesuradas, demagógicas, pero no puede decirse que las respuestas de ese partido hayan ayudado a superar la fractura.

El principal reproche que se hace al PNV es que actúa como si su rechazo a ETA no fuera incondicional, sino matizado y supeditado a ciertas premisas. No hay duda de que el PNV está contra la violencia, pero por ello mismo resulta desconcertante que su respuesta a las acusaciones sea precisamente condicionar su participación, en iniciativas como la reunión del Pacto de Madrid, al cese de las críticas a su estrategia respecto al mundo radical. El PNV considera que con esas críticas se intenta "criminalizar" sus convicciones e invoca su condición de centenario partido democrático para considerar ofensivo tal intento. Lo ofensivo sería dejar de criticarle por condescendencia o por temor a que sus reacciones sean desaforadas.

Porque tiene razón el PNV al considerar que de nada servirían los pactos si el nacionalismo democrático no participara en ellos. Pero esa misma condición de eje de cualquier estrategia de paz le otorga una especial responsabilidad, la cual es incompatible con ciertas actitudes demagógicas. Así, será difícil convencer a los jóvenes de Jarrai de que no hay motivos para su violencia si las juventudes del PNV conmemoran el aniversario de la Constitución identificando a ésta con el yugo y las flechas, sus portavoces dicen que el Estatuto está agotado e invocan, sin venir a cuento, el papel del Ejército como freno a las aspiraciones vascas.

Criticar tales actitudes o cuestionar el intento de reconstrucción de la unidad nacionalista sobre la base de concesiones al mundo radical no es criminalizar al nacionalismo ni pretender que renuncie a su ideología, sino, por el contrario, considerarle un aliado imprescindible para acabar con la lacra de la violencia. Y si hay agravios que aclarar, que se haga en el marco de los pactos mismos; reforzándolos, y no ignorándolos.