Cobradores privados entregarán las multas de tráfico en mano

El informe preceptivo del interventor municipal, Vicente Arnau, emitido el pasado jueves, sobre las condiciones del concurso proyecta largas sombras.Por un lado, la máxima autoridad económica del Ayuntamiento entiende que los 1.200 millones que se reservan tienen como destinataria la empresa que gane el concurso, y que la recaudación en ese caso ascenderá a 4.787 millones. Además, considera confusa la forma de computar la recaudación y echa de menos un sistema de control del cumplimiento de los plazos.

Como guinda, el interventor advierte, con el aséptico lenguaje de los funcionarios, que la garantía definitiva que establece el pliego de condiciones (80 millones) supera el 4% del volumen de negocio que marca la ley (48 millones), mientras la garantía provisional se queda en dos millones cuando la ley permite un máximo de 24 millones.

Pero la divergencia de criterios en el consistorio no se restringe a los niveles funcionariales. Mientras, Bujidos recalcaba ayer que la pretensión municipal con la privatización de la gestión de las multas no es ingresar más, sino conseguir que los conductores cumplan la disciplina viaria. Añadía que incluso estaría dispuesto a perder dinero con tal de educar al madrileño.

Pero el alcalde, José Maria Álvarez del Manzano, le contraría y dice que se privatiza la gestión para cobrar más y para que "los papeles anden más rápidamente" con un sistema "que costará menos que el actual".

Pero uno de los asuntos que más preocupa a la oposición es la proposición que lanza el equipo de gobierno en el pliego de condiciones para que las empresas concursantes contraten a personal de la ORA. "¿Abandonará el PP la gestión de la ORA en favor del cobro de las multas?", se pregunta el edil socialista Enrique Tierno Pérez-Relaño, quien acusa al alcalde de preocuparse de los temas de circulación sólo por motivos recaudatorios.

El Ayuntamiento concederá 25 puntos de ventaja a las propuestas que empleen a los trabajadores municipales. También el interventor matiza este extremo en su informe y señala que, en todo caso, el adjudicatario deberá pagar las nóminas de los empleados de la ORA a la Empresa Municipal de Transportes, "por tener este personal relación jurídico-laboral con la misma".