Coopers 'versus' Ernst, segundo asalto
Las dos auditoras, pendientes de los tribunales para continuar el pleito por la contratación de personal
Todo comenzó a mediados del mes de junio pasado. Un socio de Eenist & Young mantuvo una conversación preliminar con José Golderos, socio entonces de Coopers & Lybrand. El hombre de E & Y sugirió la convenlencia de que José Ramón Magarzo, director de la división de consultoría de C & L y José Luis Díez, presidente de E & Y, mantuvieran "un contacto". Golderos transmitió, el mensaje. Díez y Magarzo se reunieron en los meses de verano y el presidente de Ernst transmitió su socio de Coopers la importacia del proyecto de consultoría que pretendía poner en marcha su firma ( a partir del 1 de enero de 1997). Aseguran que, a mediados de octubre, Díez y Magarzo ya habían llegado a un acuerdo y empe2:ó la reacción en cadena: se sumaron otros socios consultores para unirse al proyecto Ernst & Young, El 15 de noviembre estalló la bomba: Magarzo, seis socios y veinte profesionales , de C & L solicitaban la baja inmediata de la firma al senior partner (presidente), Ángel Luis Linares. Ahora están pendientes de que los tribunales se pronuncien sobre la demanda que presentó Coopers. contra su competidora por robarle 91 trabajadores. La crisis provocada por el terremoto Magarzo conmovió Coopers, durante las semanas siguientes... y todavía no ha terminado. Linares intentó taponar la vía de agua intentando convencer a los dimisionarios, por una parte y, por otra, asegurando al resto de los profesionales que mantuvieran la fe, y la confianza en la capacidad de Coopers para mantener-los servicios de consultoría. El intento disuasorio resultó baldío. El 20 de noviembre, Linares y los 43 socios restantes ya habían llegado a la conclusión de que se trataba de un ataque premeditado para desmantelar el consulring de C & L.Linares fundamentó esta conclusión con hechos. Éste es un ejemplo, narrado por el propio presidente de Coopers España: "Durante la tarde del viernes se produjeron llamadas por teléfono a un buen número de profesionales de la división de consultoría de C & L, incluso a nuestras propias oficinas, amenazándoles con que si seguían en la firma perderían su empleo inmediatamente y ofreciendoles una última oportunidad para acogerles en su proyecto, con la condición de que firmaran un contrato a las nueve de la mañana del sábado, día 18, en las mismísimas oficinas de Ernst & Young".
Esta actitud, que Coopers califica de proselitismo, impulsó la presentación de la demanda por competencia desleal contra E & Y, por inducción a la ruptura de contrato. Esta es la versión [abreviada] de Coopers & Lybrand sobre la crisis profesional más importante entre profesionales de auditoría. Ernst & Young tiene la suya más sencilla: "Encargamos la tarea de buscar profesionales disponibles a un head hunter. Por lo tanto, consideramos que no hemos vulnerado norma alguna de contratación. Conviene recordar que cuando alguien se va de una empresa es por su propia, voluntad... y no suele hacerlo si las condiciones son totalmente satisfactorias". El resultado final de la crisis, el balance numérico, por decirlo así, es que 91 profesionales (93, según Ernst) de Coopers, de los cuales 6 son socios, trasladaron su empleo a la firma rival en una contratación masiva sin precedentes en España, que vacio totalmente la división de consultoría de C & L en Madrid.
El martes pasado, Coopers presentaba una demanda civil contra la firma contratante y los seis socios, en calidad de codemandados. La demanda apela a cuestiones tangibles, como el hecho de que los seis socios contratados hayan vulnerado el pacto social suscrito por Coopers y que impone, entre otras cautelas, un preaviso de tres meses y un plazo mínimo de dos años sin ejercer tareas similares en otras firmas; también a intangibles, como la convicción de que el vaciamiento de la consultoría de Coopers fue premeditado, una incursión planeada para, mediante la inducción a la ruptura de contrato, anular a un competidor que triplicaba la facturación de E & Y en consultoría.
Las movimientos siguientes son, casi exclusivamente, una información de E & Y difundida a la prensa según la cual la firma anuncia vagas contramedidas legales contra la demanda de Coopers y acusaba a ésta de "esclavitud laboral. La información, una nota interna convenientemente filtrada, induce a suponer que Ernst quiere aparecer ante ,la opinión pública como defensora de la libre contratación de profesionales, carácter que situaría a Cooper como en castillada en la defensa de, normal de control profesional excesivamente rígidas.
En términos jurídicos, la cuestión planteada por la demanda de Coopers tiene consecuencias más trascendentes. Se supone que el derecho individual a cambiar de empresa no está en cuestión. La cuestión es ¿dónde están los límites a la contratación profesional? O, para empezar por el principio: ¿deben tener las firmas de auditoría limites a la contratación de profesionales de otras firmas? Y si la respuesta es afirmativa ¿dónde se sitúan esos límites?. En el caso concreto de la demanda, ¿vulneraría, esos hipotéticos límites el hecho de contratar a toda una división de una sociedad?. Estas cuestiones no parecen estar legalmente resueltas en España, como demuestra el hecho de la contratación. Por lo cual, la sentencia que se dicte sentará una jurisprudencia ,esencial y fundamental.
Las firmas han recurrido, tradicionalmente, a complícados y prolijos pactos de regulación para los socios, que participan en el capital de las firmas para evitar contrataciones que pongan en peligro el secreto profesional. El de Coopers exige, como se ha dicho, tres meses de preaviso y dos años de cuarentena; pero Ernst, que acusa a su competidora de practicar la esclavitud laboral, tiene uno similar, que exige dos meses de preaviso para abandonar la firma (artículo 13º).
¿Por qué estas precauciones? Los socios de auditoría no son, en apariencia, profesionales cualesquiera. El blindaje de su movilidad laboral resulta decisivo porque si un socio abandona una firma puede llevarse con él clientes, metodología, documentación comercial, información sobre estrategias, contactos con licenciatarios de productos y muchas claves de gestión que definen la supervivencia y crecimiento de una firma. La decisión de los tribunales será, sin lugar a dudas, un nuevo punto de partida para la estrategia laboral de las auditoras y consultoras. La sentencia determinará si se apuesta por un mercado sin controles o una regulación mediante pactos privados, como hasta ahora.
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