Oscuras denuncias

A LA veintena de querellas, fundamentalmente contra políticos, presentadas por José María Ruiz-Mateos en los últimos años acaba de añadir dos oscuras denuncias ante el juzgado de Moreiras. Una de ellas se dirige contra el financiero Javier de la Rosa por presuntas injurias al Rey. No es extraño que esta iniciativa haya levantado susceptibilidades en los ambientes judiciales por proceder de quien fue objeto, en 1984, de una querella por ese mismo delito por parte de la Fiscalía General del Estado. Una querella a la que tendría que haberse enfrentado Ruiz-Mateos de no haberse fugado a Alemania y haber sido devuelto después a España bajo la condición de no ser juzgado por ese delito. De acuerdo con la otra no menos extraña iniciativa de Ruiz-Mateos, el ex banquero Mario Conde puede quedar libre de la acusación de apropiación indebida de 600 millones de pesetas en el caso Argentia Trust, que endosaría a su antiguo asesor Antonio Navalón.La acción popular, que otorga a cualquier ciudadano el derecho a personarse en los procedimientos judiciales en los que se diriman asuntos de interés público, puede convertirse, en manos de perillanes sin escrúpulos, en instrumento de las más perversas maquinaciones. Pero endurecer con carácter general las condiciones de su ejercicio sería hacer pagar a justos por pecadores. Los tribunales conocen de sobra a los personajes que, al amparo a veces de supuestas asociaciones de lucha con tra la corrupción, se sirven de la acción popular, como medio para dirigir la justicia por derroteros favorables a sus intereses particulares, absolutamente ajenos al pro ceso. En manos de esos tribunales está obstaculizar tales maniobras y exigir fianzas disuasorias.

Pero eso requiere jueces solventes, y algunos miembros de esa profesión parecen más interesados en dar cancha a los aventureros sin escrúpulos que en hacer avanzar los sumarios que instruyen. El juez Moreiras ha admitido, sin más, las dos denuncias de Ruiz-Mateos. La primera ha tenido el efecto de quitar al ministerio fiscal las diligencias abiertas para investigar el supuesto intento de chantaje al Rey por parte de Javier de la Rosa. Y ponerlas en manos de un juez del que, como mínimo, cabe decir que ha tramitado con insólita parsimonia la querella de KIO contra ese financiero. La personación de Ruiz-Mateos en la otra causa ha sido aceptada, pese a producirse fuera de plazo. La fiscalía y los tribunales deben impedir que esas actuaciones prosperen. La justicia no puede dejarse manipular por quienes, aprovechándose de las ventajas de la ley, pretenden burlarla.