El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción aplaza su decisión en busca de la unanimidad

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción aplazó ayer su decisión sobre el incidente planteado entre el Ministerio de defensa y el juez Baltasar Garzón al negarse el Ejecutivo a entregar cuatro documentos del Cesid que el magistrado ha reclamado reiteradamente y que podrían constituir pruebas en varios sumarios de los GAL. El tribunal estuvo reunido en sesiones de mañana y tarde, pero, según su presidente, Pascual Sala, las deliberaciones no han concluido y seguirán hoy. En fuentes del Supremo, sin embargo, se daba por seguro que ya había decisión, si bien se buscaba la unanimidad en la misma y que la notificación del fallo y de los fundamentos jurídicos se realizase al mismo tiempo.

El tribunal, presidido por el titular del Supremo, Pascual Sala, e integrado por otros cinco vocales, dos magistrados del alto tribunal y tres consejeros de Estado, decidió mantener un pacto de silencio para evitar filtraciones. Pascual Sala señaló que el fallo está indisolublemente unido a los fundamentos jurídicos de la resolución y que los integrantes del tribunal seguían consensuando la redacción de los razonamientos. Las deliberaciones continúan esta mañana.Sin embargo, en medios del Tribunal Supremo se indicaba que ya había decisión, aunque "la estaban peinando". Según estas fuentes, la resolución del tribunal dejaría clara la existencia de conflicto -extremo rechazado por Garzón- y declararía que Defensa tiene el amparo legal de la ley de Secretos Oficiales para no entregar los documentos del Cesid, ya que son de naturaleza secreta. Se propondría la búsqueda de otros métodos para asegurar el buen fin de las investigaciones y al mismo tiempo resguardar la confidencialidad de los documentos secretos. De hecho, la sentencia, según estas fuentes, marcaría límites a la actuación de los jueces en casos de investigación de delitos cuando se viera afectada la seguridad del Estado.

La sentencia, sin embargo, contendría algunas cautelas del tipo de que el amparo en la ley de Secretos Oficiales no debe proporcionar zonas opacas que conlleven la impunidad de algunos delitos.

La resolución del conflicto entre Garzón y Defensa ha despertado gran expectación, ya que el propio Pascual Sala ha resaltado su importancia. Sala ha declarado que la sentencia delimitará las fronteras de la investigación judicial, así como las atribuciones del Gobierno en estos asuntos, y ha añadido que al ser la primera vez que se aplica la ley de Conflictos de 1987 a un caso de esta naturaleza, sentará un precedente, por lo que tanto el fallo como los fundamentos jurídicos tendrán mucha importancia.

'Acta fundacional'

Garzón, dentro de las investigaciones del caso Monbar sobre los asesinatos de cuatro etarras, solicitó al Cesid y a Defensa cuatro documentos en poder de los servicios secretos relativos a la guerra sucia contra ETA. Los cuatro documentos son la denominada acta fundacional de los GAL, un teórico plan estratégico de acciones contraterroristas del que una supuesta copia ya figura en el sumario; una nota de despacho fechada el 28 de septiembre de 1983, en la que el coronel Juan Alberto Perote anunciaba a su superior, el general Emilio Alonso Manglano, el inicio de las acciones armadas en el sur de Francia tanto por medio de mercenarios como por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y otros dos documentos relativos a la preparación de otros tantos atentados contra supuestos terroristas de ETA.

En fuentes próximas a Defensa se confiaba ayer en un fallo del tribunal favorable a sus tesis.

Mientras, en el entorno de la Audiencia Nacional crecía el desánimo sobre el resultado final del conflicto. Al mismo tiempo, se ponía de manifiesto la contradicción de que a Garzón no se le quiera facilitar los documentos bajo el argumento de que cometería delito al hacer públicos secretos oficiales y que al juez Bueren el Cesid le haya contestado que en sus archivos no hay documentación relativa al caso Lasa-Zabala, o que al juez militar Jesús Palomino le hayan mostrado los documentos sustraídos por el coronel Juan Alberto Perote para hacerle ver que afectan a la seguridad del Estado.

El fiscal y el abogado del Estado, cuyos informes eran preceptivos, se pronunciaron de forma unánime en favor de las tesis de Defensa