Hacienda e Industria pactarán el destino de los 80.000 millones por la venta del 7% de Repsol

La colocación en Bolsa del grupo petroquímico Repsol está en su fase decisiva. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), titular del 21% del capital público de Repsol, negociará con Hacienda cuál es el destino de las plusvalías obtenidas con la privatización prevista del 7%, para determinar si se dedica a reducir el endeudamiento del Estado (tesis de Hacienda) o se incorpora a los recursos de la SEPI y contribuir así a la amortización de la deu da histórica del [extinto] INI. Industria insiste en que la privatización de Repsol autorizada por el Consejo de la SEPI es de un máximo del 7% y que la colocación será solamente institucional, sin opción para los inversores minoristas.

La privatización del 7% del capital de Repsol, que debe reportar al Estado unos ingresos de aproximadamente 80.000 millones de pesetas, está en un periodo decisivo. Fuentes autorizadas han informado a EL PAÍS que el destino de las plusvalías que se obtengan de la operación debe ser negociado con Hacienda. En contra de las informaciones publicadas inicialmente, no hay decisión sobre si tales plusvalías serán gestionadas por Hacienda, para reducir la necesidad de endeudamiento del Estado o se quedará en la SEPI, como recursos de la sociedad para, entre otras cosas, amortizar la deuda histórica del INI, evaluada en unos 700.000 millones.Después de la privatización anterior (abril de 1995), en la que el Gobierno puso a la venta el 19% del capital público, la sociedad titular de las acciones de Repsol (entonces el INH) y Hacienda (según algunas versiones, la Subsecretaría de Economía) acordaron, según las fuentes consultadas por EL PAÍS, que los ingresos derivados de la privatización de otro paquete de Repsol se destinarían a la Hacienda pública en caso de que la colocación en el mercado se realizara durante el ejercicio de 1995. Por el contrario, si la colocación se producía en 1996, como es el caso, los ingresos quedarían en la órbita de Industria.

Según este acuerdo, los ingresos permanecerían en la SEPI. Pero las mismas fuentes aseguran que se abrirá una negociación para fijar cual es el destino final de las plusvalías de la operación, si finalmente se concreta.

En febrero

De acuerdo con todos los análisis disponibles hasta ahora, la privatización del 7% de Repsol deberá hacerse en el estrecho plazo que queda entre la aprobación definitiva del Decreto que sitúa bajo autorización pública operaciones estratégicas de la compañía -preceptivo si la participación del Estado desciende por debajo del 15%-, prevista para mediados de enero, y las elecciones generales, anunciadas para marzo.

Medios próximos a la SEPI explicaron que si el mercado, en ese periodo, "está por los suelos", según su expresión, "renunciaremos a la privatización y no pasará nada". Conviene recordar que el Consejo de Ministros del 24 de noviembre pasado simplemente autorizó la aplicación del Decreto mencionado y tomó nota de que la SEPl había decidido privatizar "hasta el 7%"; es decir, el Ejecutivo puede adoptar cualquier decisión, incluyendo una variación en el capital puesto en venta.

La SEPI insiste en que, sin perjuicio de que el Gobierno decida otra cosa o las circunstancias impongan una ampliación, el accionista ha decidido privatizar "hasta el 7% del capital [21 millones de acciones] y en un único tramo institucional". Esta precisión pretende matizar las versiones que dan como "muy probable" una privatización más amplia y con tramo minorista incorporado.