La 'guerra' entre Interior y Cesid desató el caso de las escuchas de Barcelona, según la defensa

Fue una guerra entre los servicios de información de la policía y del Cesid lo que hizo estallar el caso de las escuchas de Barcelona. Así lo explicaron ayer en el juicio las defensas de algunos encausados: el editor Javier Godó, el ex coronel del Cesid, Fernando Rodríguez González, y el ex topo en ETA, Miquel Lejarza, El Lobo. El defensor del ex coronel aseguró que la policía, para iniciar la investigación, imputó pinchazos ajenos a la red que operaba desde La Vanguardia. Para demostrar que los acusados no tenían nada que ver con esas escuchas, citó una nota del ex coronel a Emilio Manglano, informándole que el pinchazo que sufrió el fiscal Carlos Jiménez Villarejo fue ordenado por el policía Francisco Álvarez, implicado en el GAL.

La nota de Rodríguez al, entonces, director del Cesid Emilio Manglano es de noviembre de 1992, época en que el primero ya trabajaba para el editor de La Vanguardia y seguía vinculado formalmente al Cesid. El letrado del ex coronel y de El Lobo, José María Fuster Fabra, explicó ayer el contenido de la nota al tribunal. El escrito precisa que Javier Godó había tenido cono cimiento de un pinchazo a Carlos Jiménez Villarejo, hecho que comunicó al propio fiscal. Villarejo, según la misma nota, informó al jefe superior de Policía, que en aquella época era Enrique de Federico, y éste resolvió encargar la investigación a dos agentes de su confianza. Los policías localizaron al autor, un empleado de Telefónica, quien aseguró que seguía órdenes de Francisco Álvarez. Según el abogado, la misma nota refiere qe Álvarez, al ser preguntado por De Federico, afirmó que- seguía las "directrices" de Jordi Pujol y Javier de la Rosa. No constan pruebas de ello.En esa misma comunicación a Manglano, el ex coronel también relata que el pinchazo al dirigente de Iniciativa per Catalunya Rafael, Ribó fue ordenado igualmente por Alvarez. Su empresa de seguridad e información, Check-in, ha trabajado con profusión para De la Rosa.

La nota del ex coronel a Manglano fue encontrada en un registro en el despacho del primero al estallar el caso de las escuchas, a finales de 1993. Según explicó su abogado, el juez encargado del caso, Eduardo Navarro, decidió abrir unas diligencias separadas. En ellas consta un informe del entonces jefe de la brigada de información, de la Policía, José Ríos comunicando al juez que no había denuncia de los pinchazos a Villarejo y a Ribó. El juez optó por archivar el asunto.

El abogado del ex coronel contó detalladamente el contenido de la citada nota para convencer al tribunal que la policía actuó irregularmente meses después, en la primavera de 1993, cuando arrancó el proceso por la trama que operaba desde La Vanguardia. La investigación se inició, según exponía la brigada de información de Barcelona en un primer informe, para indagar las actividades de una supuesta banda armada. Los presuntos te rroristas eran El Lobo y los que trabajaban con él en cuestiones de seguridad para Godó. Como punto de partida de las supuestas actividades terroristas, la policía esgrimía que la red podía estar detrás de varios envíos de paquetes bomba. Además, les vinculaba a los pinchazos que entre 1992 y, 1993 sufrieron personalidades del mundo político y financiero de Barcelona. También incluían el caso de Villarejo.

Para el abogado del ex coronel, eso es una "clara muestra" de que la policía quiso involucrar a sus defendidos en pinchazos con los que no tenían nada que ver. "Todo fue consecuencia de una guerra entre servicios de inteligencia", insistió Fuster.

La policía solicitó al juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren autorización para intervenir varios teléfonos de la red de El Lobo, algunos de los cuales correspondían a dependencias de La Vanguardia. La autortización de intervenir los teléfonos fue renovada durante cuatro meses. Durante ese tiempo, la policía no halló ningún dato sobre las supuestas actividades terroristas.

Lo que sí detectó la policía fue que la red del El Lobo y del ex coronel realizaban otras escuchas ilegales -las que han llevado ahora al banquillo a 16 personas- Fue entonces, al cabo de cuatro meses, cuando comunicaron al juez Bueren que habían encontrado indicios de otro delito que, al no ser de índole terrorista, competía a un juez ordinario. El caso llegó a un Juzgado de Barcelona. Ése punto lo recalcaron todas las defensas de los acusados para argumentar que el proceso es nulo porque la principal prueba acusatoria se logró irregularmente y sin control judicial.

Caso Naseiro

"Es evidente que con las primeras informaciones que revelaban la posible existencia de otro delito, no relativo a banda armada, la policía hubiera tenido que informar. al juez de la Audiencia Nacional para que fuese un magistrado ordinario el que prosiguiera con el caso", sostuvo el letrado de Godó, Francesc Jofresa. Él y otros defensores se refirieron al caso Naseiro como ejemplo: las intervenciones telefónicas se acordaron por un supuesto delito de tráfico de drogas. Lo que se descubrió fueron indicios de tráfico de influencias y el Supremo anuló el proceso porque las pruebas fueron obtenidas ilegalmente.Frente a la petición de que el caso sea declarado nulo, el fiscal José María Mena mantuvo que el juicio por las escuchas en La Vanguardia debe proseguir. No obstante, Mena dejó claro "que el fiscal no está para defender a la policía por actuaciones que pudieran ser irregulares". El juicio proseguirá hoy.